Finalmente, y a pesar de los numerosos llamados desde el mundo social, Boric a la cabeza del gobierno no hizo uso de la facultad que le permitía retirar de la discusión en el senado el TPP11, dando así luz verde para que el cuestionado órgano aprobara el día de hoy dicho tratado, incumpliendo una vez más las expectativas de quienes vieron en su momento a Boric apoyando el rechazo del mismo mientras se perfilaba para llegar al cargo de poder que hoy ejerce.
El día de hoy se dio la cuestionada votación final del trámite en el Congreso que debía seguir el TPP11 para entra en vigor, y que pudo haber sido retirado si el actual presidente socialdemócrata, Gabriel Boric, hubiera honrado su palabra de rechazo al mismo.
La votación en el senado, conocido reducto en control de las derechas, marcó que el TPP11 se aprobó por 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, sellando así que el Estado de Chile ve nuevamente debilitada su soberanía en beneficio del empresariado.
El Tratado que originalmente debía ser votado en octubre de 2019, logró ser pospuesto gracias al estallido social, sin embargo, Boric no quiso hacer uso de la facultad para retirarlo ahora que encabeza la coalición de derecha “suave” desde el ejecutivo, dado que el deseo de concretar la ratificación del TPP11 se da transversalmente desde el fascista Partido Republicano hasta el derechita Partido Socialista.
Una de las excusas para el actuar inconsecuente de Boric se dio, junto al ministerio de Medioambiente, argumentando que el tratado podía ser “perfeccionado” a través de cartas laterales o “side letters” con otros países miembros pero que no tienen poder vinculante respecto del tratado por lo cual en los hechos no alteran su cuerpo.
Entre los efectos negativos que se han señalado respecto a este tratado es el fuerte debilitamiento de la soberanía nacional al permitir que los empresarios recurran y obliguen al estado de Chile a someterse a arbitrajes internacionales cuando crean que sus inversiones se vean afectados de cualquier forma por éste.
Ejemplos de lo anterior se pueden dar si se intenta subir los impuestos a las empresas que hoy llevan adelante el extractivismo de recursos naturales del país, si se toca las operaciones de las AFPS, e incluso si se les intenta eliminar, si el estado afecta la “competencia” a través de empresas estatales que produzcan bienes y servicios a precios “accesibles” para las personas, por la implementación de normas de protección ambiental y de las comunidades que habitan el país, e incluso si se intenta aumentar el sueldo mínimo más allá del actual, y muchas otras que han sido advertidas por especialistas, movimientos sociales, economistas, organizaciones medioambientales, mundo rural, e incluso entes internacionales.
