Otra vez un proyecto de Ley no es aprobado por la falta de quorum para su aprobación. Esta vez le tocó al proyecto que buscaba prohibir la pesca de arrastre de la merluza común el cual además fue archivado, luego de no obtener los 78 votos que necesitaba, ya que solo alcanzó 74 favorables, mientras que el rechazo fue de 41 diputados/as y 12 abstenciones, todos del oficialismo, pero además se dio que parlamentarios de oposición no votaron y que podrían haber alcanzado para aprobar la iniciativa.
Rechazado y archivado terminó el proyecto de Ley que buscaba prohibir la pesca de arrastre de la merluza común en todo el territorio marítimo nacional modificando la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura prohibiendo la normativa que hoy permite la “extracción de la especie merluccius gayi gayio, merluza común, con el arte de pesca comprendido como ‘arrastre’, ya sea de media agua o de fondo” y permitiendo esta forma “única y exclusivamente en los polígonos que definen las actuales huellas de pesca proyectadas y definidas por la autoridad pesquera respectiva”-
Lo sucedido pudo evitarse si se tiene en cuenta que no votaron algunos diputados/as de oposición como: Karim Bianchi (independiente), Juan Luis Castro (PS), Daniela Ciccardini (PS), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Manuel Monsalve (PS), Jaime Mulet (FRVS), Catalina Pérez (RD), Gastón Saavedra (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), y Mario Venegas (DC).
Entre los parlamentarios de oposición que tampoco no votaron incluso figuran algunos del Maule: Celso Morales (UDI) Pedro Alvarez Salamanca (UDI), José Miguel Castro (RN), Aracely Leuquén (RN), Andrés Molina (Evópoli), Gustavo Sanhueza (UDI), y Pedro Velásquez, agregandose los denominados pareos de Jenny Alvarez (PS) con Harry Jurgensen (RN); Juan Fuenzalida (UDI) con Carolina Marzán (PPD); Javier Hernández (UDI) con Leonardo Soto (PS); y Luis Pardo (RN) con José Miguel Ortiz (DC).
Entre los argumentos del régimen, en palabras del ministro Lucas Palacios, para oponerse a esta normativa que buscaba eliminar una práctica de pesca que causa graves daños ambientales fue la supuesta perdida de 1.150 empleos por el cierre de 8 plantas procesadoras y la no recaudación de 3 mi millones de pesos asegurando que el problema es la pesca ilegal agregando finalmente que la normativa era inconstitucional porque ésta era materia exclusiva de iniciativa legislativa del “gobierno”.
Mientras que los que estaban a favor de la iniciativa apelaron al cuidado del medioambiente ya que la pesca de arrastre provoca efectos muy nocivos a éste y remarcaron la importancia de cuidar el recurso, junto con la de colaborar con la asociación entre el sector artesanal y el industrial.
Fuente: Cámara de Diputados/as
