Un nuevo informe de Fiscalía ha dado cuenta de un pobre balance en torno a las investigaciones sobre las violaciones a Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado durante la revuelta popular señalando que al 28 de enero de 2021 de 8.551 causas, “2.013 fueron reagrupadas con otros procesos” quedando activas activas 6.568. Sin embargo “el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones”.
Preocupación ha causado el balance sobre las causas por violaciones a DD.HH. perpetradas por el régimen de Piñera durante la revuelta popular por parte de la Fiscalía y que fue recogida por Ciper señalando que de las 8.051 causas, “2.013 concluyeron porque fueron agrupadas con otros procesos que ya estaban en marcha” quedando activas solo 6.568 causas, de las cuales 3.050 ya fueron terminadas sin formalizados (46% del total) y que se desglosan en “2.774 causas archivadas provisionalmente sin avances, principalmente por falta de pruebas o porque no se pudo ubicar a las víctimas”, “218 en que la Fiscalía decidió no perseverar, con la probación de los juzgados de garantía” y “58 en que la Fiscalía optó por no iniciar la investigación”, con un solo carabinero sentenciado (Juan Gabriel Maulén Báez) condenado a 5 años de libertad vigilada por disparar por la espalda a una persona con una lacrimógena, 15 concluyeron por sobreseimiento definitivo y 19 casos cerrados por “anulación administrativa”.
Ciper entrevistó a la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, la cual se refirió al trabajo de dicha institución afirmando que si bien han identificados desde 2020 a 466 uniformados que presuntamente participaron en violaciones de derechos humanos: “Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías“. Lo anterior porque habría “un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema”, explicando así que investigaciones hayan finalizado por falta de pruebas y problemas de ubicar a las víctimas.
“En relación a la búsqueda de elementos de prueba, la funcionaria señaló que hay una falta de recursos humanos en las policías que impide realizar con prontitud todas las diligencias y que, además, la pandemia obligó a suspender algunos peritajes, como la aplicación del Protocolo de Estambul, un procedimiento clínico y sicológico que se utiliza mundialmente para determinar la existencia de tortura. En Chile este protocolo es aplicado, de manera presencial, por el Servicio Médico Legal y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico.”
“Las dificultades para obtener evidencia se deben también a que muchos sitios del suceso fueron alterados, al ser escenario de movilizaciones sucesivas, indicó Ymay Ortiz. Y agregó que algunos procedimientos policiales irregulares, como los desnudamientos de detenidos, no están tipificados como delito.”
Además señala para Ciper La abogada defensora de derechos humanos Karinna Fernández que la incapacidad estatal para investigar este tipo de delitos durante “democracia” es algo de larga data. “Desde antes de la revuelta social, teníamos denuncias de niños que perdieron los ojos en el marco de protestas sociales y esos casos siguen en la impunidad” y denuncia que “no se han cumplido los estándares internacionales en materia de investigación de delitos contra los derechos humanos (…) es el caso de la actriz María Paz Grandjean que “Fue impactada por una bomba lacrimógena el mismo 18 de octubre de 2019 a las 20:00 y recién le tomaron su primera declaración policial en septiembre de 2020, casi un año después. O sea, en su mayoría, los agresores siguen armados y en las calles, como por ejemplo en el caso de los asesinos de Alex Núñez”
La abogada y académica de la Universidad de Chile, Mirna Villegas, apunta a que si bien los problemas que señala tener la Fiscalía “no se puede soslayar que un volumen importante de casos no fue investigado (…). Es cierto que muchas personas decidieron no perseverar con las acciones judiciales por desconfianza o temor, pero el Estado debe hacerse cargo de ello” y que el que hayan personas sin interés de acudir a la justicias por sus causas se debe el propio discurso del Estado en apoyo a las policías “señalando, por ejemplo, que las violaciones a los derechos humanos son situaciones aisladas”.
Al conocerse el reportaje de Ciper y los dichos de la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM condenó que ésta señalara que los desnudamientos forzados en las comisarías durante el estallido social no estarían tipificados como delito aclarando que estos si son parte de tipo penal torturas.
FUENTES: Ciper – Informe Fiscalía
