En algún lapso multidimensional intergaláctico entre ayer y hoy se cumplieron 5 años desde que el actual senador Juan Castro (en ese entonces alcalde) le pagará horas extras desde las 8:00 hasta las 21:30 al actual alcalde de Talca Juan Carlos Díaz (en ese entonces administrador municipal) por trabajar los días 30 y 31 de febrero.
En 2018 el consejo municipal de Talca tuvo la oportunidad de solicitar la remoción al alcalde Juan Carlos Díaz, por una resolución de la contraloría que acreditaba un “notable abandono de deberes” por parte de Díaz donde generó un contrato millonario por servicios de Aseo pese a los vínculos e intereses personales que tenía con la empresa (Sociedad de Transporté CTS limitada). El consejo necesitaba 1/3 de los votos (4 de 10 concejales tenían que aprobar la moción), tragicómicamente pese a toda la evidencia de mala gestión administrativa, los concejales de Talca no tuvieron la probidad para hacer valer su rol fiscalizador y materializar la gestión.
Estos casos de corrupción – el del 30 y 31 de febrero uno de los más insólitos de la política Chilena – nos demuestra la pauperrima realidad política que vivimos en Talca y en nuestra región del Maule, donde el clientelismo (intercambio de favores políticos a cambio de apoyo) y el populismo son parte de la cultura política desde hace ya 30 años, estancándonos en la posibilidad de poder generar una región donde se desarrolle el buen vivir.
Necesitamos generar mecanismos de control civil, en el cual los/as ciudadanos/as y pobladores podamos de una vez por todas tener armas contra la mala gestión de los políticos. Necesitamos darle aún más fuerza a los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía y la sociedad se informa acerca de la gestión, probidad y gasto en los cargos públicos. Necesitamos poner límites a la reelección de tal manera que se oxigene la política y que haga de contrapeso a la corrupción y el nepotismo. Necesitamos mecanismos vinculantes de rendición de cuentas como el referéndum revocatorio de autoridades cuando un grupo importante de los ciudadanos hayan sentido vulnerados sus derechos civiles, políticos o sociales. Necesitamos realizar a través de la constitución la promesa de vivir en una sociedad democrática, donde todas y todos podamos de una vez por todas, ser parte de la construcción social de nuestras vidas.
Rigoberto Cárcamo Chamorro
Asamblea Popular Por la Dignidad
