A más de un año desde el 18-O el informe entregado por Instituto Nacional de Derechos Humanos el pasado martes da cuenta que de las más de 2000 querellas presentadas a propósito de violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del estado durante la Revuelta Popular solo existe un solo caso de un carabinero condenado en régimen de libertad vigilada por homicidio frustrado.
El informe anual que da cuenta del avance de las querellas presentadas por el INDH contra agentes del estado señalados como responsables de violar derechos humanos durante el estallido social da cuenta del casi nulo avance en la justicia de las causas en estos casos.
El periodo que abarca el informe va desde el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 y junto con las recomendaciones entregadas es específico en señalar que “de las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos hasta el 31 de marzo, 42 causas han sido formalizadas, es decir, un 1,5% del total. Adicionalmente, los datos disponibles indican que el Ministerio Público ha presentado acusaciones en cuatro causas, existiendo una causa con uno de sus imputados condenado“.
De esta forma la violencia estatal ejercida por el régimen de Sebastián Piñera da cuenta del lento avance en las investigaciones y sanciones a los responsables materiales de los miles de casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante aquellos meses en contraste a las causas contra los presos políticos en donde ya se asoman condenas o las gravosas medidas cautelares no han cesado.
Respecto al único funcionario condenado se trata del miembro de la policia militarizada Juan Gabriel Maulén Báez el que disparó una bomba lacrimógena por la espalda a unos 8.5 metros de distancia a Esteban Carter en Rancagua el 13 de diciembre de 2019, dándole de lleno en la cabeza provocándole, entre otras lesiones, una fractura en el cráneo, hecho por el cual solo recibió 5 años en régimen de libertad vigilada.-
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