Se trata de una orden de detención solicitada por el Ministerio Público de Aysén al mando del Fiscal regional Carlos Palma contra 800 militares activos y en retiro involucrados en un caso de corrupción que involucra más de 3.000 millones de dólares defraudados y que éstos destinaron al pago de deudas privadas a través de contratos a honorarios, pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no realizadas.
La investigación de este nuevo fraude en la institución con dineros públicos se remonta a 2018 y que han dado resultados luego de pesquisas de la PDI que dan cuenta del uso de dinero en pago de deudas personales de los involucrados.
El modo en que operó el fraude de los uniformados se habría hecho por medio de contratos a honorarios o pagos de sueldos a personal que ya estaba retirado de la institución, además de comisiones de servicio que nunca se realizaron pero que se pagaron a modo de compensación de perdidas monetarias personales cuyo origen sería el fin del “Fondo de Ayuda Mutua”, que operaba en Coyhaique desde 1950 como forma informal de ayuda solidaria y que fue anulado por el ejército en 2006.
Sobre ese Fondo, el Fiscal Palma explicó “Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”.
Además el persecutor agregó “Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”.
Fuente: Publimetro
