Más del 75% de las inversiones de las AFP en Chile es a empresas con actividades extractivistas.

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Laguna del Maule, construcción Hidroeléctrica los Cóndores.

“Inversión de las AFP en las empresas extractivistas y de alto impacto ambiental” se llama el estudio de Fundación Sol en donde da cuenta de los nexos entre las inversiones de las AFP en empresas chilenas que desarrollan actividades extractivistas, beneficiando su expansión, capacidad de extracción de recursos y generación de ganancias, dejando en los territorios solo graves consecuencia sobre la naturaleza y las comunidades.

La investigación que advierte sobre las inversiones de las AFP en empresas nacionales (mediante Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas y Bonos de Empresas Privadas y Públicas) llegaron a junio de 2020 a la suma de $15.777 millones de dólares, concentrándose un 56,3% de éstas en solo 10 empresas, entre las cuales destacan Celulosa Arauco, ENAP, AES Gener, Agrosuper y ENAEX por un monto que asciende a un total de US$2.031 millones. “El estudio da cuenta de cómo el ahorro previsional de los trabajadores se utiliza para capitalizar a este tipo de empresas, por medio de la compra de acciones, bonos y otros instrumentos”, señaló Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación SOL y uno de los autores del estudio. 

Los investigadores identifican que esas inversiones se concentran en en un 75,5% en actividades extractivistas de alto impacto en sectores como el Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659), SAPS[1] (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones).

“El hecho de que las AFP, por ejemplo, estén invirtiendo más de US$1.600 millones en empresas que operan proyectos mineros, habla también de la matriz productiva nacional. Las grandes empresas están mayoritariamente asociadas a actividades extractivistas de alto impacto ambiental, y ello ha tenido y está teniendo consecuencias no solo sanitarias para los territorios sino económicas y sociales”, agrega Andrea Sato, investigadora y también autora del estudio. 

División sexual del trabajo

En base a la encuesta Nacional de Empleo pudieron determinar también que la dinámica de trabajo de las empresas extractivistas fomenta la distribución de actividades remuneradas y no remuneradas entre hombres y mujeres.

sobre la participación directa señalan que la de las mujeres es minoritaria en estas empresas alcanzado un 19,8% en este tipo de actividades a nivel país lo cual no se da en actividades de servicios asociadas o de soporte a éstas, ya sea aseo, alimentación o alojamiento y los principales sectores en que se desempeñan son el agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca, que concentran el 68,6% del empleo femenino en ramas extractivistas, seguidos por la explotación en minas y canteras, con un 15,8%.

Por su parte los hombres en un 53,5% trabaja en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y como segunda actividad de mayor peso aparece la explotación de minas y canteras llegando al 28,9%. 

Para ambos sexos, la mitad del empleo en actividades extractivistas se da en el sector agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca, los más intensivos en uso de fuerza de trabajo. 

Calidad del empleo.

“La rama de mayor externalización es la minería, en la cual el 18,2% de las personas se encuentran trabajando mediante subcontrato, suministro o enganche” señala la Fundación Sol, a la que le siguen las actividades de suministro de agua, con el 16,5% del total de las personas ocupadas. El13,2% de las personas asalariadas en el sector extractivista se encuentran externalizadas en su conjunto a nivel país.

El investigador de la Fundación SOL, Benjamín Sáez, se refirió a la falta de contrato en el rubro extractivista. “Si se observa la carencia de contrato de trabajo se denota la precaria realidad del empleo en estas actividades, ya que el 11,8% de los trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas y de silvicultura y pesca no tiene contrato escrito. Esta cifra supera notablemente el promedio nacional, que es de 8,8% aproximadamente”, aseveró.

Otro dato interesante sobre el empleo es la cantidad de personas ocupadas en estas actividades a nivel país y por raigón señalando el estudio que “en ninguna región las actividades extractivas involucran más del 14% de las personas salariadas. Las regiones del Maule (13,8%), Antofagasta (13,7%), Atacama (13,3%) y O’Higgins (12,7%) son las que concentran la mayor proporción de personas empleadas en estos sectores extractivos. La Región Metropolitana, altamente urbanizada, es la que presenta el menor porcentaje con un 2%.”

De lo anterior concluyen que “este tipo de actividades no impactan de manera significativa en términos de la ocupación de la fuerza de trabajo. Aunque las empresas exhiben una tremenda capacidad de extracción de recursos y generación de ganancias, en los territorios sólo permanecen los efectos derrame y las consecuencias de la extracción.”

Zonas de sacrificio.

Los investigadores también abordan la situación de las denominadas zonas de sacrificio, territorios en donde los proyectos extractivos han causado transformaciones “radicales” al causar la destrucción y perdida de formas previas de producción, abastecimiento y autoconsumo, desarticulando a las comunidades y hogares a causa de las jornadas de trabajo, en especial para los hombres.

Sobre la temporalidad de los “flujos de empleo y el capital extractivista”, señalan que estos son mayores durante la instalación de los proyectos pero que disminuyen a medida que trascurre el tiempo, arrastrando también consigo al patrimonio ecológico de territorio.

Sobre los datos de personas en edad de trabajar a nivel nacional, de las cuales un 54,8% se encuentra ocupada, “en las llamadas “zonas de sacrificio” este porcentaje equivale a un 49,6%“. Grave es el dato respecto a la “inactividad” en estas zonas la que “desde el punto de vista del trabajo remunerado, alcanza un 44,3% en comparación con el 40,6% a nivel nacional.”

Los investigadores, concluyen sobre su estudio, que se puede observar claramente la compleja articulación “entre las inversiones de las AFP y la mantención de una estructura productiva y laboral que fomenta la apropiación de los recursos con escaso valor agregado y un alto impacto ambiental“. Sobre lo anterior enfatizan que “El cambio desde un sistema de ahorro forzoso en cuentas individuales a un esquema basado en la seguridad social, implica una discusión sobre la inversión de los recursos para una capitalización colectiva que no contribuya a la destrucción de los bienes comunes y la naturaleza.”

Fuentes; Fundación Sol

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