Durante este miércoles 07 de octubre el 13° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los uniformados Sebastián González Faúndez y Juan Leiva Puga por torturas y apremios ilegítimos en contra de seis personas, dos adultos y cuatro menores de edad, el 20 de octubre de 2019 en contexto de revuelta popular al interior de la 43° Comisaría de Peñalolén.
Dos carabineros en prisión preventiva y un tercero con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, quedaron por orden de la justicia el día hoy luego de que se les formalizara por torturas y apremios ilegítimos en contra de dos adultos y cuatro menores de edad en contexto de revuelta popular al interior de una comisaria de Peñalolén en octubre del año pasado.
Sebastián González y Juan Pablo Leiva por torturas, y a Carlos Fuenzalida es el nombre de los miembros de la policía militarizada a los cuales hoy la fiscalía formalizó mostrando ante el Juez de Garantía los registros audiovisuales de las agresiones provocadas.
Expuso el fiscal Miguel Ángel Orellana, que las víctimas fueron puestas en fila mirando a la pared en la comisaría, con las manos esposadas sin realizar nunca pregunta alguna, siendo golpeados en reiteradas ocasiones, e incluso, a uno de ellos, le habrían refregado polvo lacrimógeno en la cara señalándole “te gusta, te gusta”.
Acompañado de imágenes que dieron cuenta de los malos tratos y agresiones de la policía militarizada, la jueza Natacha Ruz decretó la prisión preventiva para dos de los imputados por representar un peligro para la sociedad, ordenando su les traslado a Santiago 1, y arresto domiciliario total para el tercero, además de fijar 100 días de investigación.
El fiscal adjunto de la Fiscalía local de Peñalolén-Macul luego de la audiencia señaló “Ha coincidido con el Ministerio Público de que en este caso en particular se dan todos los elementos del tipo penal de tortura. Ha considerado que los antecedentes que fundan la existencia del delito y la participación criminal de los imputados están contenidos en la carpeta investigatoria, los valoró en detención, para entender que dentro de los delitos cometidos por funcionarios o agentes del Estado respecto de particulares se daba la hipótesis más grave, que son los delitos de tortura”.
Orellana agregó sobre las cautelares decretadas “la libertad de estos imputados constituía un peligro para la sociedad” ya que si bien su mandato es el resguardo de los derechos de las personas, sucedió así por lo cual la medida cautelar muestra la gravedad de los sucedido al interior de la comisaría.
Por último agregó “Además, generan una importante desconfianza en instituciones tan relevantes como lo es Carabineros de Chile, y en ese sentido el reproche que hace el sistema de justicia criminal a su respecto es mucho mayor“.
