Contraloría abre juicio en Municipalidad de Valparaíso para recuperar $931 millones.

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Jorge Sharp

Un juicio de cuentas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL), cuyo titular es el ex Convergencia Social y actual alcalde, Jorge Sharp, abrió la Contraloría General de la República para recuperar un total de $931 millones de pesos por mal uso de fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), remitiendo los antecedentes a la fiscalía por posible malversación de caudales públicos.

La información a la que hacen alusión distintos medios se encuentra contenida en la auditoría realizada por la CGR N° 273/2020 que aborda el periodo que va desde el 1° de enero de 2017 al 30 de junio de 2019.

En éste se da cuenta de una revisión a la compra de elementos como “de buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos, almuerzos y por los servicios prestados” para los liceos María Luisa Bombal y el Técnico de Valparaíso.

En el segundo caso por ejemplo se da cuenta de que el Director es administrador de una empresa que prestó servicios generando una ganancia de $180 millones de pesos.

Lo anterior se grava además luego de que el informe también señala que se descubrió que menores de edad que son alumnos de ambos recintos educacionales fueron usados “para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad”, información que fue entregada a la Defensoría de la Niñez.

“Se comprobó que el LTV y el LMLB prestaron servicios de coctelería a la CORMUVAL y a privados, con personal conformado, entre otros, por alumnos de los mismos establecimientos, quienes realizaron labores de garzón y cocinero, a cambio de pagos entre los $2.000 y los $20.000, algunos de los cuales, a la data en que se prestaron dichos servicios, eran menores de edad, sin que conste que aquellos contaran con una autorización expresa para tales efectos. Además, ello resultó improcedente si se considera que la prestación de esos servicios se enmarcó en el desarrollo de una actividad comercial que en nada se vincula con la labor de enseñanza y aprendizaje que les compete a dichos planteles” señala el informe.

Los Liceos además obtuvieron “ingresos por la venta de los productos y la prestación de los servicios ya señalados por la suma de $490.649.302, y que, de esa cifra, un total de $394.153.169 corresponde a compras que fueron realizadas por la propia Cormuval”.

Desde la CORMUVAL se defendieron alegando que “Los polos productivos se definen como entes relacionales a lo docente, pues deben generar en todo momento -ya sea a través de pasantías, refuerzos o prácticas alternas-, un espacio de formación educativa para estudiantes en formación técnica” e insistiendo en que los menores de edad recibieron pagos de entre $2.000 y $20 mil pesos por día además de contar con los permisos de los padres, cosa que la CGR descarta al no encontrarse documentos que así lo confirmen.

Revisa la auditoria AQUÍ

Fuente; Bío Bío – El Dínamo.

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