A pesar de los múltiples informes que dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del estado durante su régimen y la miles de querellas por homicidio, torturas, delito sexuales y cientos de personas con lesiones gravísimas como las oculares, entre otros más, Sebastián Piñera aseguró ante la ONU el día de hoy haber hecho todo para el resguardo de los derechos humanos, criminalizando de paso la protesta e incluso afirmando que escuchó las demandas sociales, junto a ello también se refirió a temas medioambientales y manejo de la crisis sanitaria.
En un video previamente gravado, a causa de la pandemia mundial, Sebastián Piñera se refirió a varios temas ante la 75 Asamblea General de la ONU.
Negacionismo y doble discurso en materia de derechos humanos.
Acostumbrado a mostrar una imagen completamente distinta hacia el exterior respecto a lo que pasa en Chile, Piñera se tuvo palabras de condena a Venezuela en temas de derechos humanos diciendo que “los autoritarismos y populismos que se han aprovechado de esta crisis”, repitiendo llamados de otros mandatarios regionales respecto a que la “mejor solución para solucionar la crisis en Venezuela [es] la constitución de un gobierno de transición y que realice elecciones libres y democráticas”.
Lo más cuestionado sería luego su afirmación en la misma materia sobre su actuar durante el estallido de la revuelta popular en contra de su propio régimen en octubre del año pasado a la cual respondió declarando estado de emergencia en todo el país para desplegar militares, recrudeciendo la fuerte represión contra los protestantes con un terrible saldo de violaciones a los derechos humanos, incluidos casos de asesinatos, torturas y graves lesiones oculares, lo cual está consignado en distintos informes y judicializado en miles de querellas.
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Lo primero que dijo Piñera fue resaltar los indicadores positivos que por décadas lograron distintos gobiernos pese a lo cual la gente de todas formas habría salido a exigir demandas, las cuales, según él, “escuchó con atención con sensibilidad y con sentido de urgencia estas demandas y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social”.
Acto seguido, replicó el discurso de parte de todo el espectro político de criminalizar la protesta al asegurar que las generalizadas expresiones de lucha radical vistas en éstas solo serían de grupos minoritarios “lamentablemente y aprovechándose de estas manifestaciones, grupos minoritarios provocaron en el país una enorme explosión de violencia”.
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Además aseguró, contra toda evidencia, que hizo todo lo posible por el respeto de los derechos humanos, pero colocando en primer lugar el resguardo del orden público, y se comprometió con el avance de las causas “vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para quienes atentan contra los derechos humanos ni contra los violentistas”.
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En la misma línea resaltó el acuerdo por la paz suscrito entre cuatro poderes en el congreso que abrió el proceso constitucional al que tachó de “una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional” del que expresó estar “convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución”.
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Manejo de la pandemia y lucha ambiental.
En esta el líder del régimen chileno además se refirió a temas como la actual crisis del COVID-19 colocando énfasis en la reactivación económica y defendiendo la cuestionada labor hecha para la contención del virus en el país, que lo tiene enfrentando una querella por su responsabilidad en las miles de muertes a causa del coronavirus y a su ex ministro de salud, Jaime Mañalich, acusado constitucionalmente.
También tuvo palabras para el tema medioambiental, sin tocar el rechazo de su régimen al Acuerdo de Escazú que fija acuerdos en torno a la materia siendo el primer gran acuerdo ambiental en Latinoamérica y el Caribe y que Chile en un inició promovió, señalando, paradójicamente, tener un compromiso con el combate al calentamiento global, haciendo un llamando a otros líderes a la acción.