Un reportaje de Ciper reveló la casi completa paralización de las causas que la fiscalía lleva adelante a propósito de la responsabilidad que les cabría en las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por agentes del estado en contexto de estallido social a autoridades políticas como Piñera, Chadwick y Blumel, así como también del general Mario Rozas.
Como extremadamente lenta describe el medio periodístico Ciper, el avance las cinco querellas contra el Sebastián Piñera, el general director de Carabineros Mario Rozas, y los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además de otras autoridades, a propósito de las violaciones a los DD.HH. ocurridos en la revuelta popular que estalló en octubre pasado.
Según lo recopilado a nueve meses de que se interpusieran las acciones penales Ciper señala que las investigaciones que dirige la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich no avanzan ya que las diligencias solicitadas por los querellantes no se han completado así como tampoco se han tomado las declaraciones solicitadas a involucrados ni los oficios solicitados respondido. Solo se han reunido hasta ahora antecedentes como los listados de armamento policial utilizado, los protocolos de uso de fuerza que constan en las publicaciones del Diario Oficial, programas de los cursos de carabineros para el uso de armamento “no letal” y “antecedentes de casos individuales que podrían constituir violaciones a los derechos humanos y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y el Ejército, entre otras informaciones genéricas de tipo documental”.
LA RESPUESTA DE LA FISCAL
Al respecto el propio medio consultó a la funcionaria del Ministertio Público por el poco avance de las investigaciones, la cual remitió una declaración en la cual se lee que “No es efectivo que no se haya avanzado en la causa. Se ha dado lugar a la mayor parte de las diligencias solicitadas por las partes querellantes. Y se ha insistido en la remisión documental de antecedentes pendientes despachados a organismos públicos y privados”, agregando que más antecedentes no puede entregar por ser diligencia privadas, otros funcionarios señalaron que el retraso en actuaciones se debe a la pandemia (vea su respuesta aquí).
De hecho se hace mención a una nota difundida en La Tercera que aborda el avance de la investigación lo señalado en cuanto a que aún no se toman declaraciones y que las gestiones que constan son de fines del año pasado o de principio de éste.
INVESTIGACIÓN LENTA.
Sobre las declaraciones solicitadas en el caso del general de carabineros Mario Rozas y el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, si bien fueron solicitadas a inicio de enero de 2020, no fueron autorizadas por la Jueza Carolina Gajardo ya que la fiscalía no precisó en que calidad debían declarar, lo que la persecutora aclaró pasado un mes, que rozas lo haría como imputado y Martínez como testigo, autorizándose finalmente la diligencia el 11 de febrero, si que aún se realicen.
Otras solicitudes de declaraciones no han sido aceptadas por la fiscalía, a lo cual señaló el abogado Mauricio Daza “Se trata de la primera investigación que se realiza en el Ministerio Público por atentados graves y sistemáticos con contra de la población civil en los que se imputa autoría como autor de delitos de lesa humanidad al Presidente de la República, entre otras autoridades. En ese contexto, habría esperado una investigación más proactiva por parte de la Fiscalía, lo que no ha sucedido.”
Por su parte el abogado querellante, Oscar Castro, miembro del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, dijo “Nos parece que el avance de las diligencias de la investigación no han sido lo suficientemente contundentes, considerando la gravedad de los delitos que se investigan”.
Lo anterior a propósito de la lentitud a las respuestas de requerimientos hechos a instituciones como carabineros quienes han entregado información de forma incompleta ya que si bien se pidió el “listado de los funcionarios que han realizado el curso de instrucción en el uso de escopetas antidusturbios; el detalle del material de capacitación en ese ámbito; las circulares emitidas por el mando en el marco del estallido social; la composición de los perdigones y la nómina de las armas empleadas” solo dieron dos oficios firmados por el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel donde éste intercambia información con Mario Rozas y una respuesta incompleta sobre sobre el número de sumarios realizados en Carabineros, a causa del estallido social.
Tampoco la fiscalía pudo recabar información desde el Hospital del Salvador y la ex Posta Central sobre los heridos ni antecedentes en poder de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile que solicitaron ni desde el INDH. La razón es que los oficios se remitieron a direcciones erróneas, lo que admitieron desde la fiscalía agregando que ahora, nueve meses después, volverían a realizar la solicitudes a los correos electrónicos correctos.
En el caso de una solicitud hecha al ejército, fue esta institución la que retrasó la respuesta a la petición hecha por Perivancich en noviuembre de 2019 pidiendo el detalle de la cadena de mando del ejército durante el Estado de Emergencia. La respuesta llegó el 20 de febrero, en un documento firmado por el jefe del Estado Mayor, Schafik Nazal, luego de ser remitida a fines de marzo por el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas. Pero ésta nunca llegó a manos de fiscalía ya que ésta reiteró la solicitud recién en mayo obteniendo finalmente lo pedido el 4 de junio (vea la cadena de documentos).
Revisa el artículo completo en; CIPER Chile
