Tras siete días de movilización, y alto rechazo de la población, empresarios camioneros depusieron el paro ante presión al régimen para que les aplicara la dictatorial ley de Seguridad Interior, con un acuerdo en el cual éste último se compromete a impulsar su propia agenda represiva en el congreso, militarizar aún más la Araucanía, y el compromiso de altas sumas de dinero para fortalecer a las policías y entregar beneficios a los propios camioneros.
Entre presiones para que se les aplicara la ley de Seguridad Interior del Estado por provocar cortes en la cadena de abastecimiento e incidentes con otros transportistas no adheridos al paro que llevaban insumos médicos, de alimentos además de provocar el desvío de ambulancias en plena pandemia y en crisis económica, sumado a la amenaza desde la DC de una acusación constitucional al ministro del Interior Víctor Pérez. El paro de camioneros convocados por empresarios vinculados a la derecha comenzó a bajarse luego que desde la región de Valparaíso se descolgaran y anunciaran la vuelta a sus labores.
Horas más tarde lo propio hacia Fedesur anunciando que bajaban el paro ya que en palabras de José Villagrán “hemos llegado a un acuerdo” el cual no fue dado a conocer de inmediato ya que según el empresario del gremio de camioneros, éste incluía temas de seguridad e inteligencia policial.
Recordar que la movilización iniciada el 27 de agosto buscaba principalmente presionar para que el congreso aprobara 13 proyectos de ley de corte populista penal de los cuales 10 son iniciativas de la coalición política del régimen que han sido denominados como “agenda represiva” y que asegura Villagrán buscan “restablecer el Estado de Derecho, se acabó la impunidad en el sur de Chile con muchas políticas, sobre todo que son policiales”.
En resumen el acuerdo al que llegaron los empresarios camioneros con el régimen se reduce a que se impulse la propia agenda represiva del régimen como lo son la reforma al sistema de Inteligencia, darle mayores atribuciones a las policías, la ley de infraestructura crítica, la ley antiencapuchados y el robo de madera entre otros.
Además y principalmente el acuerdo compromete al ejecutivo a invertir millonarias sumas de dinero en material e infraestructura para las policías como la mantención y reposición de sus vehículos y el compromiso de $5.600 millones en infraestructura policial, vigilancia en carreteras, mejoras en peajes y áreas de descanso además de beneficios monetarios y educacionales especiales para las familias de los conductores que fallezcan o resulten con lesiones con resultado de invalidez del 70% o superior.