Diez horas de discusión y el régimen interrumpiendo la sesión para intentar bloquear la iniciativa terminó con la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto que busca permitir el retiro anticipado de los fondos de pensiones de los trabajadores desde las AFP en contexto de pandemia como medida urgente debido a las mínimas medidas sociales para enfrentar la crisis económica. El proyecto ahora vuelve a una comisión para discutir las indicaciones que se le hicieron.
Llamados telefónicos hechos directamente por Sebastián Piñera a algunos parlamentarios oficialistas y la interrupción constante de los ministros que eran parte del comité político en el congreso para impedir que el proyecto obtuviera los votos necesarios no bastaron para que finalmente éste pasara el trámite por 95 votos positivos (se necesitaban 93), 25 votos en contra y 31 abstenciones.
Ahora el proyecto (boletines 13501, 13617 y 13627)) vuelve a la Comisión de Constitución para un segundo informe debido a las indicaciones hechas al proyecto que plantea que los trabajadores/as puedan retirar hasta un 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual (monto mínimo a retirar sería de 35 UF (1 millón de pesos) y el monto máximo sería equivalente a 150 UF (4,3 millones de pesos aproximadamente)).
El régimen en contra de que los trabajadores dispongan de sus ahorros.
El trabajo del régimen para evitar que el proyecto se aprobara comenzó desde el primer momento en el congreso partiendo con reuniones con las bancadas de los partidos del régimen, Evopoli, RN y la UDI, consignando La Tercera un “dramático” llamado del propio Gonzalo Blumel que dijo que la votación era clave para la gobernabilidad y el rechazo definiría el futuro del ejecutivo y de la coalición.
Segpres mientras tanto enviaba un documento a los diputados con advirtiendo que en Perú “Hoy sus ahorros son inembargables, con el retiro podrían ser embargables, perder la seguridad social y gravables con impuestos“.
Incluso se sumó un anuncio a medio día con más medidas de “ayuda” a la clase media desde el régimen; como lo era un Ingreso Familiar de Emergencia Plus, aumento de 50 mil nuevos subsidios de arriendo, la ampliación de 29 a 89 días el plazo para acceder a la postergación del pago de las cuotas de dividendos hipotecarios por seis meses, entre otros.
La desesperación llegó al punto de que hasta Pablo Longueira, histórico UDI e involucrado en casos de corrupción política, envío una carta que decía “espero sinceramente que la votación de la UDI sea, como muchas veces, el único partido que no se sumó a la demagogia y populismo que hay detrás de esta reforma”, y agregó que “no están en cualquier partido político. Están en uno que tuvo un fundador que fue ejemplo de coherencia sin límites frente a la demagogia y el populismo. Y fue mártir por ello” en alusión al integrante y cómplice de la dictadura cívico-militar, Jaime Guzmán.
Lo más cuestionable fue el actuar de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado y Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, quienes viajaron hasta Valparaíso para sostener reuniones privadas con parlamentarios de Chile Vamos, provocando dos suspensiones de la sesión por exigencia de que los ministros se mantuvieran presente en el hemiciclo.
Fuentes; Cámara de Diputados – La Tercera.
