Una iniciativa que fue despachada el jueves por el congreso, luego de casi tres meses de discusión, que suspende el corte de servicios básicos pero obliga al pago de dicha deuda de forma prorateada, fue detenida desde el régimen acusando, como ya había anunciado, que posponer los pagos a privados sería inconstitucional.
Fue la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) la que en un comunicado señaló que “se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción”.
En palabras de régimen “el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales“.
Además justificaron que por la anterior razón, “ya se habían abordado el 27 de marzo pasado junto a las empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del Covid-19″.
