TC rechaza requerimiento para indultar a violadores de DD.HH. de Punta Peuco.

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27 de Abril de 2016/SANTIAGO Fachada del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de Chile es un —rgano jurisdiccional del Estado chileno, tribunal colegiado, aut—nomo e independiente de toda otra autoridad o poder. FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

Por 7 votos en contra y 3 a favor, el Tribunal Constitucional, en horas de la tarde del día lunes, rechazó uno de los dos requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos que buscaba beneficiar con indultos a los violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco.

Luego de una audiencia pública llevada a cabo por el TC, el órgano decidió rechazar uno de los dos requerimientos presentados por parlamentarios de derecha que buscaban que se declarara la inconstitucional de parte de la normativa que busca indultar a reos a causa del Covid-19 para que en ella se vieran también acogidos a los criminales de la dictadura cívico-militar.

Si bien el proyecto de ley busca permitir que reos vean conmutada e indultadas sus penas por razones de hacinamiento e indignas condiciones sanitarias en las cuales cumplen condena, ésto no es el caso de los internos de Punta Peuco, penal que cuenta tanto con grandes espacios, así como con incluso acceso a agua potable o atención médica, cosas escasas en penales de reos comunes, además de otros lujos como quinchos, cabañas, cancha de tenis, etc.

Aun así el abogado que representó a los legisladores que presentaron el requerimiento, Maximiliano Murath, dijo que el proyecto busca proteger a un grupo etario determinado y que por ello, “las personas mayores de 75 años son un grupo que se debe proteger” en referencia a que también debían incluirse los terribles agentes de la dictadura.

Respecto al requerimiento en sí la investigadora de la organización Londres 38, Karina Fernández explicó; “Una norma que busca modificar el cumplimiento de sentencias penales requiere de ciertos límites. En este caso, de distinciones que le otorguen legitimidad, coherencia y respeto a las obligaciones internacionales. Nos referimos al resguardo del interés público en respuesta de la idea que la magnitud de la sanción es el reflejo de un consenso social, y por ello está asociado a la idea de lo que como sociedad consideramos como hechos más reprochables”.

Por su parte la abogada de la Asociación de Abogadas Feministas, Camila Troncoso dijo “En las cárceles comunes existe hacinamiento, falta de higiene, y de no tratarse de manera preventiva esta situación, va a generar una crisis sanitaria aún mayor, que es la de público conocimiento, saturando así la zona hospitalaria de la zona sur. Estas condiciones fácticas no se replican en Punta Peuco, y a la vez, los delitos cometidos son distintos”.

Sobre lo sucedido también se refirió el abogado representante de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos, Francisco Ugaz, señalando que “para la pregunta de qué debe inclinar la balanza en favor del cumplimiento de esta función deber del Estado, de sancionar crímenes de lesa humanidad y procurar la eficacia de la sanción penal, la respuesta está esencialmente en las fuentes del derecho internacional, que forman parte de nuestra legislación interna”.

Los votos que rechazaron el requerimiento de Chile Vamos fueron de los ministros María Luisa Brahm, Gonzalo García, Nelson Pozo, Miguel Ángel Fernandez, Cristian Letelier, María Pía Silva y Rodrigo Pica, mientras que, a favor, se pronunciaron Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez.

Conocida la decisión el propio ministro de justicia y derechos humanos, el UDI Hernán Larraín, solicitó a sus correligionarios de sector retirar el otro requerimiento “esto obliga a quienes presentaron un segundo requerimiento lo retiren para que no sigamos postergando este beneficio”.

Fuentes; Resumen.cl – Radio U. de Chile

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