A tres años desde que comenzó a implementarse por parte del SII la estrategia de permitir una salida administrativa a los grandes grupos empresariales, de la cual se beneficiaron 23 grandes empresas, incluidas la de Angelini, Yarur, Said, Saieh, y algunas personas naturales, incluidos actuales ministros de Piñera, que les permitió eludir la justicia penal por haber financiado ilegalmente a políticos, ilícitos que ya eran perseguidos por el Ministerio Publico en ese entonces, (Penta y SQM). Un reportaje de El Mostrador recopiló lo que sucedió con las multas que pagaron para evitar así sanciones penales y de paso también la condena pública. Hechos que se denominaron posteriormente como “operación impunidad”.
Todo se dio en marzo de 2017 cuando el Servicio de Impuestos hizo público que el camino que se iba a seguir respecto de algunos grupos empresariales y personas investigadas por financiar ilegalmente a políticos de todo el espectro no sería el penal que un grupo especializado del Ministerio Público estaba llevando adelante desde que estallaron los caso Penta y SQM.
De ésta forma se optaba por permitir que todas las sociedades que estaban comprometidas por los ilícitos perpetrados en 2015 y que se habían auto denunciado por hechos similares a los de Penta y SQM pudieran solo ser multados ante tribunales aduaneros salvando de cualquier sanción que los pudiera imponer la justicia penal. Quedaron así los fiscales de brazos cruzados para perseguir estas empresas que financiaron ilegalmente a los políticos.
Con ésto se daba paso a la denominada “Operación impunidad” de la cual el más favorecido fue el grupo Angelini –presidido por Roberto Angelini–, quien fue el que más dinero destinó a financiar ilegalmente campañas electorales después de SQM.
El impulsor de esta vía fue el exdirector del SII, Ricardo Escobar –abogado y sobrino de Ricardo Lagos Escobar–, y fue la base a las defensas de los políticos del entonces oficialismo y oposición imputados por delitos tributarios a través de financiamiento ilegal de la política a las que tribunales daría el visto bueno colocando una lápida a la real profundidad del vínculo entre dinero empresarial y políticos.
El reportaje de El Mostrador muestra que “al menos 23 contribuyentes –19 empresas y 4 personas naturales– tuvieron la opción de extinguir una persecución penal en su contra y acceder a un juicio administrativo ante algún Tribunal Tributario.”
Angelini, Said y Yarur
De las empresas beneficiadas con la salida del SII, cinco son del Grupo Angelini: Compañía de Petróleos Copec S.A., Inversiones Siemel S.A., Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución S.A., Empresas Copec y Abastible, quienes pagaron $2,2 mil millones en multas. Dos son del Grupo Said: Inversiones Caburga e Inversiones Newport S.A., que pagaron casi $500 millones por multas.
Por su parte Banco de Crédito e Inversiones, controlado por la familia Yarur, encabezada por Luis Enrique Yarur, pagó $141 millones en multas; y Cencosud Retail S.A., liderado por Horst Paulmann fue multado con $27 millones. También figura la empresa brasileña OAS S.A. –involucrada en el caso de corrupción Lava Jato– que pagó $131 millones; CorpBanca, controlada en ese entonces por Álvaro Saieh, pagó $3,7 millones de multa; Ripley Corp S.A., cuyo gerente general es Lázaro Calderón, pagó $15 millones en multas.
A las anteriores se suman IMBC Limitada –de un exadministrador electoral de Ena von Baer–; CAP S.A.; Watt’s; Desarrollo y servicios Melipilla, de la familia Ariztía; y AMC Consultores, de propiedad del actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Las personas naturales beneficiadas son; Doménico Descalzi (ligado a Alejandro Sule del PR, caso sobre el cual el tribunal se declaró incompetente), Liliana Jiménez, Gabriela Aguirre y Carlos Muñoz (los tres relacionados con Marco Enríquez Ominami).
Las causas fueron vistas por tribunales tributarios de la Región Metropolitana y solo la multa a Forestal Arauco de Angelini fue vista en otra región (Talca). En la mayoría de los casos no hubo oposición a las multas impuestas y entre las declaraciones de los gerentes y representantes en las causas “se hizo común decir que, tras tomar conocimiento del llamado del SII, cada empresa realizó revisiones internas, de las cuales aparecieron gastos no procedentes.”
El reportaje resalta el caso de la declaración del actual timonel de RN, Mario Desbordes, el que “llevó informes de respaldo de una empresa ligada al partido, Asesoría Técnica S.A. (Asetec), la que había facturado $126 millones a Petróleos Copec S.A. El tribunal, sin embargo, desestimó dicha documentación por considerarla insuficiente para acreditar que hubiera habido servicios prestados.”
Asetec, en ese entonces era representada legalmente por el hoy ministro de Vivienda Cristián Monckeberg y el actual secretario general de RN, Felipe Cisternas, “pagó asesorías” a distintas figuras de la colectividad. “Las materias tratadas en dichos informes no guardan relación con la renta de la compañía”, sentenció el tribunal.
Copec pagaría “una multa de $578 millones por recibir facturas y boletas de esta y otras empresas ligadas a políticos.”
La impunidad del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Uno que si quedó libre de polvo y paja por sentencia del 4° Tribunal Tributario de Santiago fue el actual ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, dueño en ese entonces de la empresa AMC Consultores que habría emitido una boleta por $3 millones a una de las asesoras del entonces diputado UDI Iván Moreira que el tribunal declaró no ser “falsa, fingida o simulada”. y “Que a partir de la prueba analizada y los hechos establecidos, esta magistratura no ha logrado adquirir la convicción de que la única boleta de honorarios cuestionada, por la cantidad de $3.000.000, sea ideológicamente falsa, es decir, fingida, simulada o no ajustada a la verdad de los hechos que consigna”. Luego sentenció: “Conforme a lo expuesto, se debe rechazar la acusación contenida en el Acta de Denuncia”.
OAS.
OAS también tuvo su arista en tribunales por cinco facturas, por $154 millones, que la sociedad brasileña pagó a Cristián Warner, exjefe de campaña de ME-O.
Oas simplemente desconoció la asesoría y el jefe de campaña del líder del PRO dijo que los respaldos de las asesorías de había “extraviado” lo que obligó a la constructora a pagar al fisco $131.198.682.
El ministro de economía Jobet y la boleta ideológicamente falsa.
El actual ministro de Piñera representaba a la empresa que poseía junto a su señora, Luz María Díaz de Valdés, Asesorías e Inversiones El Arrayán Limitada, denunciada por el SII ante el Tercer Tribunal Tributario en abril de 2017. En dicha denuncia se señala que la empresa facilitó dos facturas por un total de $47 millones a Inversiones Caburga S.A., del Grupo Said.
La defensa del actual ministro de economía decía que el servició sí se realizó. El falló declaró “Declaración jurada prestada por don Juan Carlos Jobet Eluchans en representación de Asesorías e Inversiones El Arrayan Ltda., quien manifestó que los servicios prestados se refieren a asesorías relacionadas a presentar oportunidades de mercados a Inversiones Caburga Ltda, análisis de políticas públicas y sus implicancias en el mercado”. agregando que los servicios se hicieron pero “no emitiendo ningún informe por sus servicios”.
La justicia determinó que loa portado por el Jobet era insuficiente “para acreditar la efectiva prestación de los servicios”.
Paulmann, Saieh y Calderón
Finalmente el reportaje consigna los casos de Cencosud: que fue sancionada con una multa de $27 millones por el pago de facturas a una empresa ligada al de ME-O, Cristián Warner, por $48 millones. por la empresa declaró Jaime Solar Bottinelli, gerente general del Grupo Cencosud en esa época: “Al no encontrar respaldos –dijo– que acrediten dichos servicios en Cencosud, decidimos con el fiscal don Carlos Mechetti y el presidente de la compañía don Horst Paulmann, rectificar frente al Servicio”.
CorpBanca S.A., banco controlado por alvaro Saieh, pagó boletas a Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L., asesora de políticos a la que se vinculó a pagos para la campaña del UDI Pablo Zalaquett. La multa a la empresa fue de $3.798.202.
Polémico fue el caso de la rectificación de boletas y facturas que realizó Ripley Corp S.A. La razón fue que estaba involucrado un proveedor de la campaña de la entonces Presidenta Michelle Bachelet: se trataba de la empresa Asesorías Credo Ltda., del publicista Diego Perry, hijastro de un muy cercano asesor de Bachelet, Juan Carvajal.
Esta circunstancia, dice el reportaje, fue suficiente para que se pusiera fin a las querellas.
Ripley estaba involucrada al pago para las campaña de Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y rectificó una asesoría de Andrés Velasco.
A pesar de lo anterior, Ripley solamente fue juzgada por los pagos ligados al ex ministro de Piñera, Laurence Golborne. La multa fue de solo $16 millones, por haber aportado $20 milllones al excandidato gremialista.
Fuente; El Mostrador
