Durante la tarde de hoy en sesión extraordinaria, el Senado aprobó en general con votos de la oposición el proyecto del gobierno, que es parte de la agenda represiva y cuyo motivo es sofocar protestas, que busca que la constitución se reforme para que en caso de “alerta” se prevengan daños a infraestructura crítica, es decir, el que busca permitir al presidente sacar los militares a la calle sin declarar estados de excepción constitucional para proteger ciertas “estructura” crítica definida a su antojo por decreto.
Por 28 votos a favor y 12 en contra el Senado aprobó uno de los proyectos represivos del gobierno, el que a pesar del quórum contó con el poyo de senadores de la oposición como Goic, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Pizarro, Quintana y Rincón entre otros.
El proyecto (Boletín 13.086-07) busca facultar al Presidente de la República para que éste pueda “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional”, esto es “cuando exista peligro grave para la infraestructura crítica del país podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo”. Dicha orden podría ser hecho con la sola necesidad de los Ministros de Interior y Defensa Nacional, con una duración de 30 días, prorrogable si el Congreso Nacional señala estar de acuerdo.
El proyecto se ha presentado con motivo de la revuelta popular que ya cumplió tres meses de protestas en las calles y al cual se respondió en su momento con estados de emergencia con la consecuente violación de derechos humanos por parte de militares. Así ahora como argumento se señala, criminalizando a los manifestantes, que éstos colocan en riesgo la estructura crítica, la cual no está definida, asimilando incluso a los manifestantes a terroristas internacionales, como se da en Europa, y que allá justifica el uso de militares para seguridad interior. Otro punto criticado pues las fuerzas armadas se configuran solo para la seguridad exterior.
El proyecto de ley, como se consigna, no señala cuál sería la estructura crítica y busca entregar esto al Decreto Supremo que dicte el presidente junto a sus ministros dando como orientación solo que debe ser considerara así aquella “cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tendría un grave impacto sobre la población”, con el riesgo de que se considere como tal cualquier sitio para así establecer militares en zonas pobladas para su control sin las garantías, más altas, que los estados de excepción exigen para esto, y sin contar que esta medida solo beneficiaría a los privados que controlan desde carreteras, servicios sanitarios, de electricidad, etc.
Si bien el proyecto señala que “en ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución”, no sería tan así producto de lo anteriormente señalado y a lo visto durante los estados de emergencia del 19 al 27 de octubre que dejaron en evidencia el exceso en su atribuciones por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que no se entiende como es que permitir militares a la calle con la sola firma presidencial y ministerial, estableciendo ellos gracias a la supuesta “infraestructuras críticas” a que comunidades someter a control militar no garantiza que se respeten las libertades y derechos, señalando en principio los de manifestación, expresión y libre circulación, y llegando incluso a la vida e integridad física y psíquica, tan violentados en estos meses por el gobierno de Sebastián Piñera.
Fuente; Senado.cl
