Luego de escuchar los alegatos de parte de las dos pensionadas que pedían la inaplicabilidad de normas del DL 3500 para obtener el retiro de sus fondos desde las AFPs, y las de AFP Cuprun y Habitat y del propio gobierno que solicitaban el rechazo del requerimiento, el Tribunal Constitucional de forma unánime anunció que rechazaría el requerimiento de las pensionadas dando el favor a las empresas como administradoras de los dineros previsionales de los trabajadores.
Se trata de lo casos de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, y de la trabajadora de la salud de Punta Arenas, Beatriz Valenzuela, quienes exigen se les entregue la totalidad de sus fondos previsionales que hoy administran las AFP.
Ambas mujeres presentaron recursos de protección en las respectivas Cortes de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas, proceso dentro de los cuanles presentaron los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del “Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51” para así obtener la devolución de sus ahorros previsionales de manos de las AFP.
A pesar de ello el TC dio la razón a las AFP y al gobierno que se les sumó para que se rechazara dicho requerimiento señalando en un comunicado de prensa que “Luego de deliberar y en votación unánime, la presidenta del Tribunal, ministra María Luisa Brahm Barril, y los ministros Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, además de la ministra María Pía Silva Gallinato y el ministro Miguel Ángel Fernández González, estuvieron por rechazar ambos requerimientos de inaplicabilidad, conforme los argumentos que serán desarrollados en las sentencias respectivas“.
Con ello el TC establece el precedente de que los pensionados no pueden retirar sus ahorros desde las AFP.
Las reacciones:
Sobre lo sucedido, la abogada del equipo jurídico de la Coordinadora NO+AFP, Javiera Aravena, rechazó rotundamente que lo expuesto desde su trinchera se trate de un debate de políticas públicas: “Quisiéramos precisar lo que nos dijo un ministro, que nosotros dimos argumentos de políticas públicas. Eso no es así, le damos valor porque entendemos que el derecho está dotado de contenido, y la seguridad social no es la excepción. El derecho a la seguridad social supone principios, entre ellos la solidaridad y la suficiencia, y el Decreto de Ley 3500 no satisface el derecho a la seguridad social”
Lo anterior ante el argumento del abogado de Cuprum que señaló que ésto era traer un debate de políticas públicas que solo genera confusión y que colocaba en riesgo la democracia.
Por su parte Fernando Atria, parte del equipo jurídico de No + AFP señaló “El argumento es que la privación de las facultades, del dominio que sufren los trabajadores de Chile representados en las personas que recurren es contra la propia Constitución. Y los argumentos habituales que se dan para justificar esa privación del dominio, de la posibilidad de decidir -que es el derecho a la seguridad social- no valen porque el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social”
