A casi 50 días del inicio de la revuelta popular y sin ninguna ley social aprobada, parte de la agenda represiva del gobierno fue aprobada hoy en la cámara de diputados de forma transversal por los representantes de partidos políticos oficialistas y de “oposición” (desde la UDI al Frente Amplio) tipificándose como delito formas de protesta, como barricadas y sabotajes, bajo el concepto de “desorden público”.
El proyecto de ley (boletín 13090) que tipifica como delito seis situaciones fue aprobado por 127 diputados, rechazado por 7 y 13 abstenciones señala que castigará con reclusión menor en su grado medio a máximo (es decir 541 días a 5 años) al “que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público”
Entendiéndose por tales;
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
Además se indica que se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita, ya aborda en otro marco del Código Penal.
En todo caso, se define que si un hecho previsto en esta cuadro legal merece mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará ésta última.
Por último, la propuesta realiza un agregado en el apartado del Código Penal relativo al robo con fuerza. En este marco se establece que se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) cuando el autor de las conductas señaladas sean realizadas actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, y tuviesen lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.
La propuesta fue ingresada a trámite legislativo el pasado 25 de noviembre por los/a RN Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat; y los DC Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker.
Con esto avanza a paso firme en el congreso la agenda represiva del gobierno mientras las demandas sociales siguen sin ser escuchadas.
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Fuente; Cámara de Diputados.
