Eran pasada las nueve de la noche del día miércoles y un grupo de senadores tanto del “oficialismo” como de la “oposición” aparecieron en punto de prensa para dar a conocer un documento que denominaron “Acuerdo por la paz, los DD.HH. y el orden público” que principalmente consiste en un compromiso con la agenda represiva del gobierno, parte de la cual ya aprobaron.
“Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que por lo mismo requieren de soluciones excepcionales”, con estas palabras inició el punto de prensa encabezado por el Presidente del Senado, Jaime Quintana, el cual acompañado de los senadores Andrés Allamand, Felipe Harboe, Ximena Rincón, Felipe Kast, Jaqueline Van Rysselberghe, Carolina Goic, Ena Von Baer, Pedro Araya, José Miguel Durana, Francisco Chahuán, Juan Castro, Luz Ebensperger, Rafael Prohens, Kenneth Pugh entre otros, junto con condenar las violación a los Derechos Humanos comprometieron, sin embargo, su apoyo a la agenda represiva del gobierno.
Si bien partieron señalando que instaban al gobierno “a implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades en nuestro país”, a continuación explicaron que el documento también es un acuerdo, contradictoriamente, por la agenda represiva del gobierno señalando que; “avanzar resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, la inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”.
Además hicieron un llamado a la persecución de formas de lucha utilizadas en la revuelta popular con un llamado “al gobierno, al ministerio público y a los tribunales de justicia para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos”.
Por último instaron al gobierno a cumplir con dicho fin utilizando todas las herramientas que el estado le entrega: “el Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para reestablecer el orden público y la seguridad del país, y deberá velar por el respecto de los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas” finaliza el documento presentado.
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