Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la organización Amnistía Internacional establecieron en sus investigaciones que en Chile se están llevando a cabo actos por parte del estado a través de sus agentes que violan los derechos humanos, confirmando lo que se vive en las calles donde la represión del gobierno desde los primeros días a la revuelta popular – con militares en las calles- ha consistido en torturas, mutilaciones e incluso asesinatos. El gobierno, oficialismo y fuerzas armadas como respuesta negaron los hechos.
CIDH: “estamos en una situación con un número muy alto de afectaciones a los derechos humanos”.
Fue para CNN que el Secretario General de la CIDH, Paulo Abrao se refirió a las conclusiones del organismo que no pisaba suleo chileno desde la dictadura cívico-militar.
Abrao se refirió a las alarmantes cifras de denuncias de violaciones a los dd.hh. “desde el 18 octubre, la CIDH ha recibido reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos y esas denuncias van llegando por los canales formales del sistema interamericano. Obviamente fuimos sistematizando esa información lo que ha alertado la CIDH sobre la importancia de realizar un acompañamiento internacional”.
“Hay características propias de la situación que ameritan la presencia como el hecho de que durante algunos días se decretó un estado de emergencia y por lo tanto hubo situaciones de restricciones al ejercicio pleno de los derechos humanos dentro del país. Hay que verificar si esta situación ha violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos”
Abrao dijo que entre lo más preocupante “hay número muy expresivo de personas lesionadas, un alto de personas detenidas, un padrón de lesiones que es alarmante, específicamente en relación a personas con lesiones oculares. Todo eso llamó la atención de la comunidad internacional”.
Comparando la situación chilena con la de otros países de la región señaló que “definitivamente no es habitual, estamos en una situación con un número muy alto de afectaciones a los derechos humanos, las cifras de personas fallecidas, detenidas, prisión preventiva. Nos llama mucho la atención el patrón de lesiones que estamos verificando”. Refiriéndose en el mismo tema a las lesiones en la parte superior del cuerpo de las víctimas “Todo eso no puede ser considerado normal, revela un patrón de violencia de respuesta estatal que no nos parece proporcional al conjunto de desafíos que estaban puestos a la sociedad chilena en materia de seguridad pública”.
Finalmente dijo “Es muy importante que estemos acá incluso para verificar cuáles han sido las respuestas que durante ese largo tiempo Chile ha producido para afirmar los Derechos Humanos” .
Amnistía Internacional: “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan”.
Por su parte la organización internacional “Amnistía Internacional” presentó en conferencia de prensa sus informe con las conclusiones sobre la situación en el país desde que inició la revuelta popular y el actuar de Sebastián Piñera respecto a éste señalando tajantemente que:
Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país.
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy“, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día“.
Junto con señalar en su informe que se critica los asesinatos a manos de Carabineros y el ejercito, también hace un comentario respecto a la PDI por utilizar también armamento militar “Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.”
Respecto a las violaciones a los derechos humanos constatadas por el organismo señala que “ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones”.
El organismo consigna tres casos de torturas, incluyendo la sexual, “la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano”, y más de 30 piezas de registro audiovisual donde militares y policias se ensañan con civiles sin razón ni provocación.
Además hace mención al uso de las escopetas con munición potencialmente letal denunciando que este sea ocupado de forma constante e inadecuada y contra normativa internacional que establece el uso excepcional en casos donde peligre la vida o integridad de una persona, procurando causar el mínimo daño. “Adicionalmente a un caso de muerte por perdigones, la organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes. Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza.”
También menciona el uso de lacrimógenas como proyectiles lanzados directamente al cuerpo y cara de las personas y del abuso de esta para dañar a las personas vulnerables de la población, como niños y adultos mayores.
También denunciaron “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios”.
Amnistía realizó “recomendaciones preliminares:“
- Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.
- Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.
- Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.
