Luego de hecha pública la resolución de la Contraloría General de la República instando al Consejo Municipal de Talca para dar inicio a un proceso de destitución del Alcalde (RN) Juan Carlos Díaz por su responsabilidad administrativa y falta de probidad, parte de dicho Concejo anunció llevar a cabo el proceso, pero solo dos de los cuatro necesarios para realizar la solicitud estarían dispuestos.
Los hechos se remontan a 2014 cuando Juan Carlos Díaz se desempeñaba como administrador municipal durante el periodo del hoy Senador Juan Castro, cuando actuando como alcalde subrogante de la anterior administración, consigna La Tercera, no se abstuvo de firmar un anexo de contrato referente a prestaciones de servicio de aseos, pese a sus “intereses personales”.
En aquel suamrio se establece que Díaz mantenía vínculos con la empresa que prestaría los citados servicios, Sociedad de Transportes CTS Limitada, cuyo representante legal es Cristián Tizza Martínez.
Se estableció que entre agosto de 2013 y mayo de 2014, llevó a cabo una serie de negociaciones para vender una inmueble de su propiedad. Entre estas se encuentra la firma de una escritura de promesa de compraventa con la mencionada compañía, y la posterior materialización de la venta a la Sociedad de Intervenciones Urbana, la cual tiene el mismo socio y representante legal que CTS Limitada: Cristián Tizza Martínez.
Este hecho, que no es el único irregular que se le ha descubierto, dio paso a la resolusión exenta 3395 de la CGR cuyo contenido detalló en un punto de prensa el concejal Astaburuaga (PS) señalando que “constata la responsabilidad administrativa de juan Carlos Díaz en todos los hechos que se le acusaron, por lo que desestima los argumentos que presentó en su defensa y, frente a esto, la Contraloría (…) remite este informe al Consejo y nos pide o sugiere que actuemos” además agregó que el tema se refiere a responsabilidades administrativas, que no tiene nada que ver con las penales, las cuales fueron declaradas prescritas por la justicia.
Por su parte Sixto González (PC) señaló “Debemos dar una señal clara de que estamos con probidad. Tenemos un mandato de fiscalización y compromiso con los electores que vamos a respetar y buscaremos la forma de tener a los cuatro concejales firmantes para ingresar la remoción del alcalde al Tribunal Electoral Regional (TER)”.
Agregó que de no obtenerse el número de Concejales para la solicitud se estaría incurriendo en abandono de deberes.
