Fiscal Nacional se cuadra con impunidad política y empresarios y latifundistas de la Araucanía

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En su tercera cuenta pública a la cabeza del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ratificó la política de la Fiscalía de impunidad para políticos involucrados en corrupción y además se cuadró con latifundistas y empresarios de la Araucanía al comprometer apoyo a la ley anti terrorista anunciada por el Gobierno y pedir condenas a pesar de la inexistencia de pruebas contundentes contra acusados mapuche.

Mano dura con los pobres, puerta giratoria a la corrupción política

“Hay un tema que no quisiera eludir y tiene que ver con que muchas de estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. En tal sentido, los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen” señaló el Fiscal Nacional respecto a como debían tratarse los casos de corrupción cuando en ellos había políticos involucrados.

Junto con esto, profundizó tratando de justificar la política de impunidad desplegada en casos de corrupción política señalando que era por cuidar el funcionamiento del Estado “en ningún caso puede interpretarse como la posibilidad de que los fiscales dejen de investigar con el mayor celo y profundidad tales conductas. Lo que digo es que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos -y menos aún si deben ser investigados-, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular. En definitiva, no se trata de manera alguna de un ejercicio de protección de personas tildadas de “más poderosas”, sino de resguardar la voluntad popular expresada en las urnas, en lo que a la Fiscalía le corresponda o se le permita contribuir”.

Guiño a empresarios y latifundistas. Mapuche serían condenados aunque no exista prueba directa.

“Tenemos una seria dificultad relacionada con la falta de valoración que hacen los Tribunales de la prueba indiciaria, en especial en lo referido a casos de violencia rural. Se ha dado la paradoja de que los únicos sujetos condenados por actos de inusitada violencia son aquellos a los que los testigos lograron identificar al desembozarlos de manera directa en el sitio de los hechos, o porque fueron reconocidos por quienes se encontraban en el lugar y eran sus vecinos”

En esa línea argumento que está decisión se basa en la dificultad que han tenido en obtener pruebas directa en contra de los acusados por la denominada violencia rural de la Araucanía “La evidencia directa es cada vez más compleja y difícil de lograr. En consecuencia, creemos necesario debatir con la judicatura cómo incorporar en el proceso penal su análisis y valoración de la prueba indiciaria”

Disponibles para perfeccionar nueva ley antiterrorista del Gobierno

A pesar de las críticas a la nueva ley antiterrorista que busca aprobar el Gobierno pues sería la puerta de entrada para más criminalización, represión y militarización en Wallmapu, e incluso irían en contra de las críticas y reparos de varios organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Fiscal se comprometió a perfeccionar dicho impulso legal del gobierno, vinculado solo a seguir restaurando los intereses económicos de empresarios y latifundistas.

“el Ministerio Público está plenamente disponible para colaborar con la reforma a la Ley Antiterrorista, desde la mirada técnica-investigativa que nos compete. Es de nuestro mayor interés arribar a un marco normativo para enfrentar las acciones terroristas, el que siendo materialmente garantista sea eficaz, porque lo que estamos haciendo es, justamente, cuidar y preservar la democracia. En un Estado Democrático de Derecho ninguna causa, por justa que parezca, tiene derecho a usar la violencia y el temor para conseguir sus fines”. Y terminó dicha cita, aludiendo al Papa Francisco, “Así nos lo ha dicho el Santo Padre en su reciente visita a Chile al distinguir dos tipos de violencia: una, la de las promesas que nunca se cumplen y otra la que “termina volviendo mentirosa la causa más justa””. Señaló Abbott

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