El texto ingresado por el Gobierno para volver a intentar introducir cambios en la ley anti terrorista (Boletín 9692 – 7) que amplíe las facultades de Carabineros contempla modificaciones relativas a los delitos terroristas; cambios en procedimientos; reglas para protección de testigos, peritos, agentes encubiertos y cooperadores; y la norma especial de competencia.
Las indicaciones enviadas por el Gobierno incluyen figuras que en oportunidades anteriores ya habían sido rechazadas por el parlamento en en otros años y que han sido objeto de duras críticas pues sería la puerta de entrada para más criminalización, represión y militarización en Wallmapu, e incluso irían en contra de las críticas y reparos de varios organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Entre los cambios más resistidos y cuestionables se encuentra nuevamente la introducción de la figura de agentes encubiertos y reveladores, además de los testigos protegidos, la entrega vigilada y por último la definición de que los delitos terroristas también pueden ser cometidos de manera individual y no solo por grupos organizados.
También amplía su acción a actos para desestabilizar el orden institucional democrático.
En concreto constituirían, según lo pretende el Gobierno, como delitos terroristas los hechos que se cometan concurriendo al menos una de estas circunstancias:
- Con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie
- Para desestabilizar el orden institucional democrático
- Arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias
- Obedeciendo a un plan determinado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas
“Hay un esfuerzo del Estado de gobernar para los latifundistas y los ricos, que son los usurpadores del territorio mapuche. Lo que hoy día se anuncia es más populismo penal para enfrentar el conflicto entre Estado-pueblo mapuche con más punición, pero está probado en todo el mundo que los problemas políticos no se resuelven de esta forma”, señaló respecto a las indicaciones el abogado y miembro de la ONG Defensoría Popular, Rodrigo Román, quien ha ejercido de defensa de los comuneros en varios casos.
“El texto nunca ha sido remozado por ninguno de los gobiernos de los últimos 30 años, y en el último tiempo se ha dirigido contra las comunidades mapuche en resistencia, calificando los hechos de violencia que se viven en la zona de terroristas” agregó el abogado.
Un prueba de que la ley solo se utiliza como medida para destruir la lucha que despliegan los mapuche por la reivindicación de sus tierras, los son las cifras del Poder Judicial del periodo 2010 y 2016, en donde hubo 91 formalizaciones por delitos de carácter “terrorista“, pero solo cinco de ellas alcanzaron una sentencia condenatoria, lo que representa un 5,5% del total, las otras fueron de absolución o recalificadas como delitos comunes, y es que el uso de dicha ley busca restringir el acceso a otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva extendiendo el periodo de ésta misma.
Lo próximo a suceder es que los Senadores tendrán hasta el 20 de Abril para presentar sus propias indicaciones al proyecto de Ley.
Fuente; Público
