El rol del Gnral. Dir. de Carabineros en la caída del Puente Loncomilla

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El hecho fue recordado por el medio de investigación periodística Ciper, el cual a propósito del nuevo General Director de Carabineros, Hermes Soto, recuerda su paso por la 5ta Comisaria de la pequeña ciudad maulina de San Javier, en donde fue uno de los principales involucrado en uno de los hechos de corrupción al interior de Carabineros olvidados pero que tuvieron graves consecuencias, ya que por pagos de una empresa privada a dicha institución se permitió el paso de camiones que excedieron el limite de peso del puente Loncomilla provocando su posterior caída.

Relata Ciper que fue “hace 15 años. Dineros de privados -la empresa Alchisa- que llegaban a Carabineros para pagar seguridad para sus transportes. En rigor, los vehículos de Alchisa no requerían seguridad. Era un pago de peaje para burlar la fiscalización a sus camiones con sobrecarga que cruzaron más de 600 veces el Puente Loncomilla. Cuando el puente colapsó, la investigación concluyó que esa fue una de las causas.

El entonces mayor Soto Isla conoció desde dentro esa trama de corrupción: era comisario de la 5ª Comisaría de San Javier, cuya dotación era la que realizaba esas escoltas de “seguridad”. Y a pesar de que estuvo en la vereda de los que pidieron información y explicaciones, debió asumir que todo quedó en nada. Su rol ahora, es exactamente el contrario.

El contrato entre Carabineros y Alchisa se firmó el 29 de enero de 1999 y se extendió hasta febrero de 2003. Durante esos cuatro años los carabineros de la 5Comisaría de San Javier prestaron el servicio de “escoltas” para los camiones de la empresa.

Los Carabineros recibían por este “servicio” “un pago adicional –a modo de “viático”- de entre $40.000 y $45.000 diarios.”

El 2002 ya se acabarían los pagos y Soto sería reemplazado por el mayor Víctor Vega venía de la Comisaría de Licantén luciendo una trayectoria intachable.

Cuando en 2004 el desplome del Puente Loncomilla provocó un escándalo que llegó incluso a la Cámara de Diputados, a Carabineros le estalló otro al irrumpir los servicios de “escolta” a cambio de dinero que hacían efectivos de la 5a Comisaría de San Javier. Así Vega terminó relatando a un medio regional como es que desde una conversación con un Cabo de San Javier que exigía que intercediera ante la prefectura de Linares por los pagos adeudados a su dotación es que algo le pareció mal, descubriendo que “la queja de su subalterno tenía su origen en los “viáticos” impagos en virtud de un convenio oficial suscrito entre Carabineros y Alchisa, el que funcionó durante cuatro años.” “Supo de decenas de oficios que se enviaron desde San Javier, incluso a Santiago. Una de las respuestas que le dieron fue que el origen del problema era que Alchisa adeudaba pagos. Hasta que dio con un informe clave que detallaba los dineros del “convenio”.”

Vega así se enteró investigando informes que “solo entre el 4 de febrero de 2001 y el 10 de mayo de 2002 los pagos de Alchisa a Carabineros sumaron $26 millones. Además, se especificaban otros traspasos durante 2001 por casi $3 millones y gastos incurridos que sumaban más de $28 millones. Ese informe está fechado el 23 de diciembre de 2002 y lleva la firma del entonces mayor Hermes Soto Isla, quien acaba de ser nombrado nuevo director general de Carabineros.” “De hecho, dos de los radiopatrullas con los que contaba esa comisaría habían sido donadas por Alchisa”

La empresa, que debía transportar pesadas cargas que excedían el tonelaje máximo del puente Loncomilla (40 ton), para evitar la autorización especial necesaria de Carabineros que custodiaba dicho puente decidió hacerlo por esta forma paralela a través de pagos directos por escoltas de Carabineros que así le permitian cruzar el puente cuantas veces quisiera, el cual necesitaba si o si para desplazar a San Javier las cargas que sobrepasaban las 100 toneladas.

“Según cálculos de la comisión investigadora que instaló la Cámara de Diputados después del desplome del Puente Loncomilla, Alchisa pasó más de 600 veces con sus pesados camiones por sobre el puente.”

Vega, ya dado de baja en 2003 producto de sus múltiples consultas sobre el hecho de los pagos de Alchisa a Carabineros, declararía en tribunales que “En una oportunidad, el ex comisario mayor Soto (de la 5a Comisaría de San Javier), molesto, me dijo que el Capitán Bufadel, de Contabilidad de la Prefectura, había concurrido hasta le empresa a solicitar unos dineros a fin de arreglar su oficina, en la Prefectura de Linares, haciéndole ver a mi mayor, que dónde se encontraba ese documento, pues me dijo que lo había hecho por escrito ante el Prefecto, pero que esto se silenció muy rápido no existiendo respuesta alguna”, señaló Víctor Vega en su declaración judicial. agregando que El mayor Soto Isla, solicitó a la Prefectura de Linares una relación de depósitos de la empresa Alchi S.A. y se le informó por el Prefecto que habían inversiones por $26 millones y fracción y luego entre otros documentos se habla de otros $26 millones de gastos realizados por Carabineros”.

Los dineros adeudados se esfumaron y también uno de los vehiculos entregados por la empresa para la escolta. Vega ante la Cámara de Diputados y Tribunales señaló que entre los que ignoraron todas su consultan estaban el prefecto de Linares, coronel Jaime Oyarzún, al capitán Fernando Bufadely al general jefe de la Zona del Maule, Ramón Valderrama.  Este último para tapar lo sucedido realizó un sumario que termino sin responsables.

Posteriormente el general Alberto Cienfuegos, quien era el jefe máximo de Carabineros en ese momento, por los pagos recibidos de Achilsa a cambio de “seguridad” para sus camiones. respondió a la prensa que “Carabineros firma convenios a través de la Dirección de Logística para una serie de actividades que están formalizadas, que son regulares y que están legitimadas por la institución y los procedimientos administrativos de control están sometidos a la reglamentación legal”,y descalificó al mayor (r) Víctor Vega: “Es común que cuando una persona se va de la institución o es incluida en lista de eliminación, o se va de forma obligatoria, por razones de resquemores o de resentimiento, haga este tipo de denuncias.”

Carabineros puso fin al tema con un comunicado en el que transparentó que “Alchisa le pagó $58,3 millones a Carabineros para cubrir los costos operacionales de los vehículos utilizados para las escoltas y gastos de alimentación y alojamiento de los policías que viajaban desde San Javier a destinos como La Serena y Puerto Montt.”

En ese mismo comunicado, Carabineros reconoció que hubo un retraso en el pago de los “viáticos”: “Tuvo su origen en que al término del convenio la empresa Alchisa no había entregado a la Prefectura de Linares $4.968.690 por este concepto. Tal cantidad fue reconocida por la empresa Preansa, sucesora de Alchisa, y pagada en cinco cuotas, con lo que se saldaron los reembolsos pendientes”.

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