El nuevo protocolo presentado por el Gobierno de Sebastian Piñera sobre objeción de conciencia respecto a la ley de aborto en tres causales fue presentado por al diario oficial y que en lo medular permite, contrario a lo que se pretendía, que clínicas puedan rechazar realizar aborto pero seguir recibiendo dineros del Estado.
La presion realizada por las clínicas privadas finalmente tuvo acogida y el Gobierno a través de su ministro de Salud, emilio Santelices, presentó un protocolo en el cual se les permite ser objetores de conciencia, es decir negarse a prestar el servicio a las mujeres de realizar abortos que se ajusten a las tres causales de la ley, a pesar de recibir y financiarse con dineros públicos, cosa que el anterior protocolo no contemplaba.
Al respecto señala El Desconcierto, que el documento asegura que el protocolo anterior, ingresado por el gobierno de Michelle Bachelet, “ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo”. Por eso, las nuevas autoridades, tras 12 días de gobierno, publicaron un nuevo reglamento, que regula exclusivamente la objeción de conciencia.
Entre los cambios más relevantes está el hecho de que las instituciones que mantienen convenio vigente con el Estado puedan ser objetoras, cuestión que el reglamento anterior prohibía. Con esto los hospitales y clínicas que reciben dinero del Estado podrán no obedecer las leyes del Estado. Otro cambio es la eliminación de las actas de acuerdo y el hecho que cada objeción de conciencia personal debía estar firmada por el director del establecimiento.
Así por ejemplo la Clínica Alemana de Osorno que había presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valdivia con orden de no innovar para oponerse a realizar abortos podrá ahora sin problemas negarse a cumplir con la ley gracias a éste protocolo a pesar de que, como señala Resumen.cl, solo arrienda pabellones al Hospital Base San José de Osorno para realizar, entre otros procedimientos, intervenciones obstétricas y ginecológicas podrá no realizar abortos, no obstante el trato existente con la cartera de salud. Caso similar ocurre con la Red de Salud de la UC y de las demás clínicas objetoras, pese a tener convenios vigentes con el Estado.
