Fue a través de una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por un concejal de la misma comuna la que derivó en un nuevo sumario a la Administración del alcalde de Licantén, Marcelo Fernandéz Vilos, por el irregular uso de terrenos municipales en la costa de la comuna con autorizaciones entregadas que no se ajustan a procedimiento alguno.
El Concejal que presentó dicha denuncia, Claudio Reyes, señaló a La Prensa de Curicó que todo nace de la ocupación de terrenos que son del municipio en el sector de Rancura e Iloca y que están en manos de particulares “con autorizaciones que no corresponden a la norma de procedimiento” por parte del alcalde Fernández. “Uno corresponde al de la ex posta de primeros auxilios de Rancura y el otro que se encuentra junto al puente del Estero de Iloca. Esto es mal uso y abusos de parte de la autoridad”, agregando que “Es la misma Contraloría que lo determina de esta forma, porque hay antecedentes anteriores que dan cuenta de otros espacios municipales que han sido entregado para uso de particulares solo de palabra, lo que viene a ser a mi juicio abandono de deberes” y finalizó señalando que espera buenos resultados de parte del sumario “porque puede ser determinante para que actúe el concejo municipal en su función de control sobre los actos del municipio, sin descartar de poner los antecedentes ante el Tribunal Electoral”.
Respecto al Informe señala que;
“en consecuencia y en mérito de lo expuesto, el alcalde de Licantén, en el desempeño de su cargo, se encuentra en el imperativo de adoptar las medidas de rigor que fueren necesarias a efectos de que la entidad edilicia resguarde el patrimonio municipal afectado, incluso por la vía juridiccional de ser necesario, ello en conformidad con los principios de eficiencia y eficacia previstos en los artículos 3 y 5 de la ley 18.575, de lo que deberá informar a esta Sede Regional”.
“Finalmente, considerando la naturaleza y complejidad de los hallazgos pesquisados, los cuales constituyen una reiteración de hechos ya observados en el oficio 6.218 del 2017, de esta procedencia, además del incumplimiento al debido resguardo de los bienes y recursos públicos que compete al alcalde, esta Contraloría Regional, procederá a instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su acción u omisión, han permitido la ocurrencia de los hechos descritos”.
“teniendo presente al efecto lo previsto en el articulo 51, de la ley 18.695, y que, si como consecuencia de la investigación practicada se acredite la responsabilidad administrativa del alcalde, estará obligada a remitir los antecedentes al concejo municipal, para efecto de lo contemplado en dicha ley”.
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