Un nuevo informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo ha liberado hoy Amnistía Internacional en el cual se da cuenta de los principales puntos que preocupan sobre el tema respecto a Chile destacando el organismo Internacional el abuso del uso de la ley antiterrorista por parte del Estado en contra del pueblo mapuche y la impunidad que aún se mantiene sobre los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la Dictadura cívico militar.
“La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y a lo largo del año seguía siendo un motivo de preocupación. Persistía el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra indígenas mapuches. La Ley Antiterrorista se empleaba contra mapuches, pese a que hacerlo suponía una violación de las normas internacionales sobre garantías procesales. Entró en vigor una ley que despenalizaba el aborto en tres circunstancias específicas; en el resto de los casos, el aborto seguía penalizado.” Inicia el informe respecto a Chile.
Alguno de los puntos importantes del texto:
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
El texto señala que persiste el uso excesivo de la fuerza por parte de las policias chilenas. a modo de ejemplo señala tres casos que demuestran dicha conducta. Como lo fue en Junio del año pasado la utilización de gas lacrimógeno muy cerca de un colegio de la comunidad mapuche de Temucuicui, mientras los niños y niñas pequeños se hallaban en clase. La Corte Suprema consideró “proporcionada” esa acción. En Noviembre, un juez de Collipulli, en la provincia de Malleco, abrió una investigación contra un agente de policía por disparar en diciembre de 2016 a Brandon Hernández, un joven de 17 años que recibió más de 100
perdigonazos en la espalda. La audiencia se reprogramó tres veces, porque el policía acusado no comparecía ante el tribunal y el caso que la Corte Suprema reabrió sobre Alex Lemún, muerto por disparos de un agente de policía en Ercilla, provincia de Malleco, en
2002. Un tribunal militar había archivado el caso en 2004 sin hallar responsables.
IMPUNIDAD
El informe también detalla como es que aún existe impunidad respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar cuyas “víctimas siguen exigiendo justicia, verdad y reparación. Aunque los tribunales habían conocido de cientos de casos, la mayoría de los condenados no cumplían penas de prisión, y muchas víctimas carecían aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación” consigna el informe.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
“El informe anual de Amnistía alerta a nivel global de esta tendencia a lo que llamamos la demonización. Y aquí se ha ido instalando progresivamente este discurso del terrorismo mapuche y el mapuche terrorista, y eso es algo que es muy delicado, porque en definitiva se puede utilizar como excusa para saltarse los DD.HH.”, señaló sobre éste apartado, Ana Piquer, Directora ejecutiva de AI Chile a La Tercera
El texto señala que la “presidenta Bachelet pidió formalmente perdón al pueblo mapuche por los “errores y horrores” cometidos por el Estado en su contra”. Sin embargo a pesar de multiples iniciativas como la creación de un ministerio de asuntos indígenas, “El Ministerio Público y el gobierno seguían abusando de la Ley Antiterrorista para procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías procesales. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado (en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile) que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuches violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
Así como ejemplos de éste abuso del uso de la ley antiterrorista se refiere al caso de los 11 comuneros procesados en el marco del caso Luchsinguer-Mackay, las cuales “fueron absueltas 11 personas mapuches, incluida la machi Francisca Linconao, que habían sido acusadas formalmente de “terrorismo” por un incendio que mató a los terratenientes Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013. Las 11 personas acusadas habían estado detenidas en espera de juicio o bajo arresto domiciliario durante 18 meses.” juicio que fue anuklado por apelación del Ministerio Público y que volvería a iniciarse éste 2018.
También da cuenta del caso iglesia en donde “el gobierno y el Ministerio Público también acusaron formalmente de “terrorismo” a cuatro hombres mapuches por un incendio que destruyó una iglesia en la ciudad de Padre las Casas en junio de 2016. Nadie resultó herido en ese incendio. Los mapuches fueron arrestados, detenidos y acusados el mismo día del incidente, y seguían detenidos en espera de juicio a finales de 2017. Después de que los cuatro hicieran una larga huelga de hambre, el gobierno presentó una solicitud de modificación del delito del cual se los acusaba. Sin embargo, la fiscalía decidió mantener el procesamiento por cargos de terrorismo.”
Por último también señala el montaje en que resultó la Operación Huracán luego que se descubriera que las pruebas utilizadas para acusar a los comuneros mapuche fueran contaminadas. “se detuvo a ocho hombres y se los acusó formalmente de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios. (…) Los ochos acusados estuvieron detenidos en espera de juicio hasta octubre, cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva.” el informe no alcanza a dar cuenta de los último acontecimiento de dicho caso que ha servido para descubrir otros dos montajes contra dirigentes mapuche realizados por Carabineros en coordinación con el gobierno.
