Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial y publicado por el Poder Judicial evidencia las condiciones indignas en que la mayoría de las personas privadas de libertad permanecen en Chile, ya sea por el hacinamiento, la extensas horas de encierro, horarios entre comidas muy largos e incluso problemas con el suministro de agua. Condiciones que sin embargo los criminales de Punta Peuco no sufren, incluso cuentan con agua caliente, lo cual muestra que caer preso no es un lujo como muchos han querido hacer creer.
Fue el presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito Cruz, acompañado por el ministro de la Corte Suprema Arturo Prado, el que manifestó la preocupación del máximo tribunal respecto de la situación que viven los reclusos y reclusas en el país, tras analizar el informe elaborado por la fiscala judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello Abdala.
Brito aseguró que el informe describe graves situaciones que afectan a los privados de libertad, tales como: hacinamiento y sobrepoblación en los recintos penitenciarios; inadecuados horarios de encierro y descencierro; problemas en los horarios de alimentación; el uso de celdas de castigo y aislamiento; carencia de comunidades terapéuticas para el tratamiento de consumo de drogas y alcohol; acceso insuficiente al agua, cupos limitados para capacitación laboral; deficiencias de infraestructura en algunos recintos y en la selección de los internos, entre otros.
“Este tema nos parece particularmente grave y lo que la Corte Suprema quiere hacer es convocar a los restantes órganos del Estado que tienen relación con lo carcelario a reunirse con nosotros. La corte es el órgano que cautela derechos fundamentales y entendiendo que en las prisiones estos derechos fundamentales estén desprotegidos de alguna manera, la Corte Suprema y atendida la función constitucional que cumple, quiere llamar a los restante órganos del Estado a sentarse a conversar, a buscar algunos planteamientos comunes, en virtud del deber de coordinación que asiste a todos los órganos del Estado”, señaló el Ministro de la Corte Suprema.
En tanto, el ministro Prado sostuvo que “la situación que informa la fiscalía a nuestra corte es de tal gravedad que requiere de una atención urgente de parte de la autoridad. Las conclusiones son bastantes contundentes y esperamos que esto sea un mensaje potente porque queremos establecer un énfasis muy particular”.
Vulneración de derechos
El informe preparado por la fiscala judicial, Lya Cabello, concluye, entre otras materias, que: “Es imperativo que Gendarmería de Chile proceda a ampliar el período de desencierro, favoreciendo el trabajo y la capacitación de los internos, y disminuyan así las horas de inactividad y ocio que viven estos”
“En opinión de esta Fiscal, los horarios que Gendarmería ha establecido para las actividades de los establecimientos penitenciarios no fomenta hábitos similares al medio libre, tales como horas de inicio y término de la jornada diaria y de alimentación, ni proporciona el necesario espacio diario de tiempo para atender las actividades de tratamiento, formativas y culturales de los internos, ni sus necesidades espirituales y físicas. Esta situación contraviene expresamente la disposición del artículo 27 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, así como el artículo 1º de dicho Reglamento, que establece que la actividad penitenciaria tendrá como fin primordial la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, así como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad”, agrega.
Su vez el informe señala que se estaría vulnerando el “Pacto de San José de Costa Rica, que en su Artículo 5 sobre Derecho a la Integridad Personal, establece: ‘Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados’”.
Entre los principales problemas detectados destacan:
-Hacinamiento y sobrepoblación en los recintos penitenciarios (por ejemplo: en ex Penitenciaria hay capacidad para 2.384 y existen al momento de la visita 4.486 internos; en Copiapó apto para 242 y hay 453; en total 25 de los centro visitados presentan condiciones de hacinamiento);
–Horarios de encierro y desencierro inadecuados en los recintos (entre 14 y 16 horas de encierro en algunos; por ejemplo, entre las 17 o 17.30 horas hasta las 8.30 horas del día siguiente)
–Horarios de alimentación (se constató que en la mayoría de los recintos la cena es a las 16 horas hasta el desayuno a las 8.30 o 9 horas del día siguiente. Algunos entregan colación para las horas de encierro), y
–Celdas de aislamiento y castigo (se constató internos con más de 60 días en celdas de aislamiento).
Además se da cuenta de un acceso insuficiente al agua. En el caso del penal de Valparaíso, ubicado en el camino La Pólvora, “está construido en un cerro y el agua no sube, por lo que los internos cuentan con agua sólo algunas horas”.
Lo preocupante, según el documento, es que de los recintos penitenciarios “solamente en dos de ellos se dispone de agua caliente (Punta Peuco y CDP de Cochrane),” por otra parte solo tres (Copiapó, Los Andes y CPF Santiago) tienen suministro parcial de agua caliente en sectores femeninos o de lactantes, mientras queen el resto, es decir, en 48, se dispone solamente de agua fría e incluso en algunos solo por ciertos lapsos de tiempo.
Los problemas críticos de la situación carcelaria chilena no es algo nuevo, las indignas condiciones en que se cumple condena, como la sobrepoblación y hacinamiento, se viene observando hace más de 15 años. Es más, la misma Fiscalía Judicial recordó que en 2003 ya habían señalado estos problemas.
Revisa el informe completo aquí
