Conmoción y un espontaneo rechazo a causado el asesinato de la niña Sophia de un año y once meses en Puerto Montt a fines de enero a manos de su padre, Francisco Rios, quien ya contaba con denuncias y condenas por violencia intrafamiliar y abuso sexual, y ahora arriesga penas que van desde 15 años y un día a presidio perpetuo calificado, por el delito de parricidio, la máxima pena que contempla la legislación penal.
El tema no ha sido menor pues muchos se han manifestado contrarios a la condena (que puede sentenciar a Francisco a estar de por vida en la cárcel) y han exigido que se aumenten y endurezcan más las penas en caso de delitos de abuso y maltrato a menores a través de una nueva ley (Ley Sophia), que incluiría retroceder en justicia criminal al aplicar otra vez la pena de muerte.
El debate vuelve a estar sobre la mesa y es preciso dar respuestas a interrogantes sobre el asunto, en especial respecto a si la pena de muerte, como sanción penal, sirve para reducir los delitos graves en que se aplica.
No son pocas las voces y estudios que señalan que la pena de muerte no es efectiva a la hora de disminuir los delitos graves en que se aplica. Así de hecho, la investigación sugiere que a los criminales les preocupa principalmente si serán atrapados, no lo que podría sucederles después, “Es la certeza de aprehensión que se ha demostrado consistentemente para ser un elemento de disuasión eficaz, no la gravedad de las consecuencias posteriores”, dijo Daniel Nagin, profesor de la Universidad Carnegie Mellon a The Washinton Post
En la misma línea, Patricio Zepeda, abogado y profesor de Derechos Humanos en la UC afirma que “Estados Unidos es un laboratorio porque en la mitad de los estados hay pena de muerte y en la otra mitad no. Y los que tienen pena de muerte, como Texas, Florida o Alabama, tienen tanto o más crímenes violentos que donde no existe dicha pena”.
Por su parte Amnistía Internacional ya en 2013 en su informe “Así no hay mayor seguridad” insta a que los gobiernos terminen con la pena de muerte pues “no existe ni una sola prueba fehaciente de que sea un factor disuasorio” para delincuentes y criminales y solamente “se usa con fines políticos”, y ante el deseo de países a reanudar la pena de muerte “a menudo como reacción visceral a unos índices de delincuencia elevados o en aumento, o ante asesinatos especialmente atroces” recalca que “no existen pruebas fehacientes de que la reanudación de las ejecuciones influya en el control de la delincuencia” colocando como ejemplo los casos de India, Canadá y Trinidad y Tobago, donde se ha demostrado que “no hay ninguna correlación”.
Así, ha considerado que la reanudación de las penas de muerte es una “vergonzosa maniobra política”. “Con ello (los gobiernos) distraen la atención de las soluciones a largo plazo que abordan efectivamente los problemas del sistema de justicia penal”, señaló Audrey Gaughran, portavoz en ese entonces de AI en el día internacional contra la pena de muerte.
Además, Gaughran criticó a “los políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de muerte como justificación para su uso”. “Sin embargo, las encuestas tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública”.
“Los políticos deben dejar de actuar para la galería y mostrar liderazgo en materia de seguridad pública. Deben dejar de presentar la pena de muerte como una solución rápida para reducir los elevados índices de delincuencia y abordar los problemas del sistema de justicia penal” pues “se ha demostrado que una actuación policial efectiva, unos sistemas de justicia penal operativos y las mejoras en la educación y en los niveles de empleo son claves para reducir los índices de delincuencia”.
“Las víctimas de la delincuencia merecen justicia, pero la pena de muerte no es la respuesta. Reanudar las ejecuciones para aparentar dureza frente a la delincuencia es someter la vida de las personas a las conveniencias políticas”
El informe también repite lo señalado por Gaughram sobre las causas que generan el delito y que debieran atacarse para que este disminuya efectivamente señalando que.
- En el ámbito nacional, la disparidad de ingresos domésticos existente entre los sectores de población más pobres y más ricos de un país, los niveles de corrupción, la calidad de las infraestructuras y las instituciones, así como los patrones sociales y culturales pueden contribuir a la creación de situaciones en las que las personas se convierten en víctimas o responsables de delitos.
- En el ámbito local, las deficiencias en las infraestructuras, las precarias condiciones de vivienda y vecindad, la falta de buenos servicios de educación y sanidad, el alto desempleo y el fácil acceso a las drogas o las armas pequeñas constituyen “factores de riesgo”.
- A nivel individual, una relación positiva entre las personas y sus familias y comunidades constituye un importante factor en la prevención de situaciones de conflicto.
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