En Chile solo los pobres van a la cárcel.

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Un informe de Gendarmería da cuenta de que en Chile en 2017 el números de personas tras las rejas alcanzó un total de 42.245 personas privadas de libertad, un tercio de las cuales ni siquiera se encuentra cumpliendo condena si no que se haya bajo medida cautelar de prisión preventiva, un dato que alarma a expertos, y que casi el 95% tiene enseñanza media completa o menos.

Fue LUN el medio que a través de la ley de transparencia solicitó a Gendarmería el informe que entregó los datos sobre población penal al 31 de diciembre del año 2017.

De los datos entregados lo que más llama la atención es la baja escolaridad de quienes están privados de libertad, Así se señala que; un 0,9% no posee escolaridad alguna, un 22% posee básica incompleta, un 22,3% básica completa, un 25,7 media incompleta y un 27% media completa, finalmente solo un 3,9% presenta estudios superiores. En promedio los reos chilenos poseen 8,38 años de escolaridad lo cual además también se refleja en los tipos de delitos cometidos por la población penal, así a modo de ejemplo, los robos, hurtos y drogas concentran el 80,3% de delitos cometidos mientras que de los que están interno solo el 0,7% lo está por delitos económicos (como los realizados por la mayoría de los políticos y empresarios involucrados en financiamiento ilegal de la política).

Así tenemos una combinación que no solo muestra que solo los más pobres van a la cárcel (apreciable en el tipo de delitos por el que más personas están presos sumado a que la mayoría tiene un bajo nivel de escolaridad y por ello menos posibilidades de haber escogido otro camino), y que pobreza y delincuencia van de la mano, como explica el premio Nobel de economía Gary Becker, que en un artículo publicado en 1968 explicaba que si los ingresos de una actividad criminal eran mayores que los de un trabajo legítimo, sería mayor la probabilidad de decidir delinquir, así delinquir dependía de la probabilidad de ser atrapado y el esfuerzo, pero por sobre todo del botín obtenido. De éste modo si la riqueza del país aumenta por igual para todos habrá menos delincuencia, por el contrario si los ingresos de los más ricos aumentan más que los de los pobres, lo obtenido a través de la delincuencia se incrementa, pues aumenta el botín, (el ingreso de los más ricos), así éste miembro de la Escuela de Chicago asegura que a mayor desigualdad, mayor criminalidad, conclusión ratificada el año 2002, por un estudio publicado por el banco mundial donde se analizaron datos de 39 países, y que concluyó que la desigualdad de ingresos tiene un efecto positivo y significativo en el aumento de la delincuencia. Dicho lo anterior, ¿a alguien le pude extrañar que en Chile estemos con un alto nivel de delincuencia cuando más del 35% de la riqueza del país está concentrada en el 1% más rico de la población y que la mayoría de los trabajadores gana un bajo salario que en promedio es de $350.000 pesos?.

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Otro tema considerado grave es el alto número de personas que se encuentran privadas de libertad por estar bajo una medida cautelar que debiera ser excepcional pero que en la práctica se a transformado en la comunmente solicitada y acogida por tribunales, hablamos de la prisión preventiva, y es que casi un tercio de la población penal lo es por ésta razón (13.576 personas) y es que el 90% de las veces que se solicita se concede lo cual contrasta con lo que debiera ser pues es la medida cautelar más gravosa y que según mandato legal debiera ser excepcional o de última instancia por ser la que más afecta los derechos de las personas, por lo mismo debiera conjugarse con la “presunción de inocencia”, señala Sergio Faúndez, director de la ONG Leasur.

El problema de ésta situación es que una persona podría pasar hasta cinco años en la cárcel mientras se realiza la investigación y que por lo mismo se le considera “de paso” es decir el Estado no se hace cargo de su reinserción, Señala Lucia Moreno, Gerente general de Paternitas. Faúndez agrega que el fracaso de muchos programas se debe a ésto mismo pues no se les entrega ninguna herramienta en caso de que salgan inocente o se les cambie de cárcel.

el Ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señala que el nuevo sistema procesal penal lo que busca es el menor número posible de personas en la cárcel producto de prisión preventiva y que los juicios sean rápidos, cosa que deberá revisarse.

 

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