A un total de $6.100 millones aumentó el fraude del Ejército al Estado por servicios o adquisiciones inexistentes, “carentes de realidad y respaldo” y con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre, fraude perpetrado entre los años 2010 y 2014.
Lo anterior ha sido establecido por la investigación iniciada por el ministro Omar Astudillo, y ahora lleva continúa Romy Rutherford.
Fue el día 4 de Enero que la magistrada dictó su primer procesamiento en esta causa en contra de 5 militares (la sargento Millaray Simunovic, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la cabo Jacqueline Carrasco y el cabo Juan Carlos Cruz Valverde) por el delito de fraude al fisco por una suma de $71.974.140.
Juan Carlos Cruz Valverde es el famoso militar que se habría gastado $2.400 millones en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014.
Si bien aún no se detecta la participación de oficiales de alto rango en el Fraude, cosa que resulta extraña dado que en una institución jerarquizada como el ejercito y que por la gravedad del ilícito nada se podría haber hecho sin participación de éstos, la ministra Rutherford detectó irregularidades en un nuevo proveedor: Repuestos Automotrices Ltda.
Así la resolución señala que los hechos ocurrieron entre junio y agosto de 2013, cperiodo en que los funcionarios del ejercito solicitaron “la entrega de seis facturas falsas del contribuyente Repuestos Automotrices Ltda., pertenecientes a Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, un supuesto proveedor”.
Dichas facturas fueron llenadas con glosas descriptivas de supuestas reparaciones de piezas de vehículos militares, servicios prestados al Comando de Apoyo a la Fuerza, “adaptándose a los montos o cantidades acordados entre el proveedor y funcionarios del Ejército que eran los encargados de confeccionar la documentación de respaldo y contactar, en algunos casos, a los digitadores para tramitar en un plazo significativamente inferior al normal su pago”.
Entregadas las facturas por el proveedor se procedía a “falsear las firmas de las jefaturas que supuestamente debían dar fe de la efectividad del servicio contratado y de la efectividad de la ejecución, generándose una apariencia de realidad y verdad”
Así Tesorería transfirió los fondos a la cuenta “con cargo a la denominada Ley Reservada del Cobre” por servicios inexistentes.
Fuente; Reddigital
