Cifras del Poder Judicial muestran que no existe mano blanda ni puerta giratoria.

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Dentro del contexto de campaña electoral el tema delincuencia para generar miedo y así obtener votos con propuestas populistas (como ampliar el fracasado control preventivo de identidad), ha sido la pauta de quienes buscan ser electos, desviando la atención de temas como la desigualdad social y pobreza, que causan la delincuencia, y por otro lado dejando en segundo plano la impunidad en los casos de corrupción política y empresarial. Más allá de que la delincuencia exista, el asunto es que es una mentira el hecho de que está descontrolada, de que los jueces son garantistas, que hay mano blanda y de que existe puerta giratoria, como demuestran los datos entregados por el Poder Judicial y que público The Clínic en una nota.

Al respecto señala el artículo que;

Desde la implementación del nuevo sistema procesal penal en el año 2000, distintos actores políticos han instalado en la opinión pública distintas dudas sobre su efectividad para combatir la delincuencia y llevar a los culpables a la cárcel. La principal crítica se centra en que el sistema sería demasiado “garantista” con los imputados y que existiría una suerte de “puerta giratoria”. ¿Pero es realmente tan así? Mauricio Duce, magíster en ciencias jurídicas de Standford y académico de la Universidad Diego Portales, experto en la reforma procesal penal y presidente de Espacio Público, hace unos días en entrevista con este medio, aclaró que la evidencia y las cifran no indican aquello, sino que esa percepción más bien se trata de un prejuicio. Uno que de tanto repetirse bien podría caer en la categoría de posverdad.

“Los datos indican que 9 de cada 10 veces que el Ministerio Publico solicita que el imputado quede en prisión preventiva, el juez accede. En el caso de las sentencias, 9 de cada 10 juicios existe condena. Esta cifras permiten desmitificar ciertas cosas. Uno esperaría que los candidatos presidenciales no solo repitan, sino que basen sus afirmaciones en evidencia y no en prejuicios”, planteó Duce. Efectivamente algunos de los candidatos presidenciales repiten ciertas ideas relativas al supuesto garantismo del sistema, la falta de resultados de la justicia penal o que los jueces se preocupan más de los derechos de los delincuentes que de las víctimas. Varias de esas consignas ya forman parte del inconsciente colectivo nacional.

Este medio solicitó al Poder Judicial las cifras oficiales sobre los procesos penales llevados en tribunales y sus resultados.  Entre ellos, destaca que sólo el 0,8% de los controles de detención son declarados ilegales por el juez de Garantía, es decir, de cada 100 controles que realizan, en menos de un caso, se resuelve que la detención fue ilegal. En relación a la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva,  aquella en que el imputado queda preso antes que se demuestre su culpabilidad, en un 87% de los casos que el Ministerio Público la solicita, el juez accede.

Duce también ha advertido los retrocesos que existen en materia de prisión preventiva en los últimos años a raíz de las modificaciones legales que se han introducido en el Código Procesal Penal. Esta cautelar, que en el nuevo sistema penal se pensó para casos particulares y excepcionales,  para  así compatibilizar la legislación con los tratados internacionales en Derechos Humados suscritos por Chile, se está transformando en la norma. “Todos los indicadores disponibles muestran que poco a poco la prisión preventiva se vuelve cada vez más habitual en nuestro sistema. Las cifras de Gendarmería de Chile indican que allí donde al 31 de diciembre del año 2008 sólo un 21,9% de los presos en las cárceles chilenas estaba en prisión preventiva, al 31 de agosto de 2017 dicha cifra se ha elevado a un 36% (acercándonos poco a poco a las tasas de alrededor de 50% de los últimos años de vigencia del sistema inquisitivo)”,  este año 2.018 imputados que estuvieron en prisión preventiva, posteriormente no fueron condenados. Al mirar el contexto internacional, Chile tiene una tasa de 241 presos por cada 100 mil habitantes y se ubica en el puesto 51 del ranking de 222 países. En cambio, en el caso de los países de la OCDE,  cuyo promedio es de 172 presos cada 100 mil habitantes, Chile se ubica en  tercer lugar, solo bajo Estados Unidos (698) e Israel (256).

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