El decreto habría sido firmado a principios de agosto por Michelle Bachelet, el decreto (N°142) amplió los plazos y el contenido de almacenamientos de toda la información de todos los teléfonos celulares. Esto incluye:
- Datos de titular,
- llamadas que realiza,
- con quiénes se comunica,
- los sitios que visita en internet,
- contenido de las llamadas,
- contenido de redes sociales y
- Ubicación georeferenciada.
Al respecto la ONG Derechos Digitales señaló que dicho decreto es inscontitucional y criticó que se haya hecho de espaldas a la “ciudadanía”.
Al respecto la ONG señala;
La nueva normativa pretende modificar la obligación que tienen las compañías de retener los datos de las comunicaciones que se realizan en Chile, extendiendo el período de almacenaje de uno a dos años. El decreto además cuenta con un artículo que prohíbe a las compañías de telecomunicaciones la implementación de cualquier tipo de tecnología que pudiese entorpecer la entrega de esta información, lo que puede implicar un obstáculo importante para la implementación del cifrado de las comunicaciones.
No solo eso: el decreto establece la posibilidad de exigir a cualquier persona, jurídica o natural, almacenar datos comunicacionales, mediante una orden judicial. Eso significa, por ejemplo, que se le podría pedir a un medio de comunicación que almacene los datos de las comunicaciones de sus periodistas con sus fuentes, lo mismo respecto a una universidad con sus estudiantes o una organización de activistas con sus miembros.
Mediante este decreto, el Gobierno pretende regular materias propias de ley, saltándose la discusión democrática que exigen aquellas materias que impactan el ejercicio de derechos fundamentales. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que ciertos actos del gobierno pueden tener un impacto en el ejercicio de derechos fundamentales. Por lo mismo, nuestra Constitución limita las facultades del poder político, exigiendo que este tipo de medidas solo puedan ser reguladas por el legislador, una entidad independiente del Poder Ejecutivo y sujeta a control democrático. Resulta preocupante que una medida tan sensible y con consecuencias tan graves se haya gestado sin consulta a expertos académicos, a la comunidad técnica ni a la sociedad civil.
La misma ONG también llama a no quedarse de brazos cruzados, ya que el decreto se encuentra en la Contraloría General a la espera de la respectiva toma de razón y que el gobierno busque aumentar su capacidad de vigilancia de forma inconstitucional reviste la mayor gravedad. Ante esto, no queda más que la ciudadanía completa se una y exija el retiro del decreto.
