CONCEJALES VIAJEROS CURICÓ | Con obligación a asistir a cursos de ética se cierra el caso.

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La otra arista del caso Concejales viajeros de Curicó (RIT 3426-2016) que involucraba a los ex ediles, Luis Rojas, Enrique Soto, Miguel Limardo, el concejal Jaime Canales, y el alcalde Javier Muñoz, este último en calidad de ex concejal, prácticamente se cerró luego de que el Ministerio Público determinara ofrecerles una salida alternativa que consistiría en la obligación de asistir a clases de ética y entregar una donación a un hogar de beneficencia.

Recordamos que esta arista dos del caso concejales viajeros se refiere a delitos por fraude al Fisco en el marco de haber realizado viajes a Argentina por los cuales recibieron viáticos, pero por gastos rendidos a través de instrumentos mercantiles ideológicamente falsos (es decir, los datos contenidos en ellos no eran reales, recibiendo más dinero del que realmente habían gastado).

Revisa también; Formalizado por Fraude al Fisco el Alcalde de Curicó Javier Muñoz.

De ésta forma el Juez Jorge Omar Valenzuela Navarro determinó que los acusados deben “acreditar la asistencia a un curso de regulación y control en la administración municipal por una duración mínima de 16 horas, la que será impartida gratuitamente por el departamento jurídico de la Ilustre Municipalidad de Curicó, bajo la súper vigilancia del Ministerio Público.” y “Efectuar donación de favor del Hogar Hermanas del Buen Samaritano de Curicó, por la suma de $50.000.-, pagadera en 2 cuotas de $25.000 cada una de ellas, con vencimiento los días 05 de septiembre y 05 de octubre de 2017.”

Decretando con ello la suspensión condicional del procedimiento por 18 meses y de paso cerrando ya las aristas del caso concejales viajeros en Curicó, según agregó el fiscal Caroca: “Sí, las aristas del caso, que están judicializadas efectivamente comienzan a terminar”.

Reacciones de los imputados

Respecto a la salida alternativa los imputados señalaron a La Prensa de Curicó que “se ha optado por una salida alternativa, más aun en un escenario en que a su juicio no hay delito, añadiendo que así las cosas, “creemos esta es una buena alternativa, salir antes de iniciar un proceso judicial que pudiera ser largo y tedioso, más aun considerando, que el Consejo de Defensa, el Ministerio Público, y los propios querellantes han estado de acuerdo en esta salida”.

Para el abogado querellante, Eduardo Cornejo, esta salida alternativa era la “mejor fórmula para cerrar esta larga causa”, reconociendo quedar “tranquilo pero no conforme”. En tanto el concejal Jaime Canales dijo estar satisfecho “porque se nos ha dado una buena salida alternativa, se ha visto todo y no se nos ha encontrado delito, como lo hemos dicho desde un principio”, “aunque reconozco que cometí un error como todo ser humano, y de los errores uno tiene que aprender”.

Suspensión condicional del procedimiento; aceptar que sí hubo delito implícitamente.

Si bien los ediles imputados por Fraude al Fisco señalan que no hay delito y por eso aceptaron la salida alternativa, la realidad es otra, al respecto en Hernán Fernández, subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público explica que en la suspensión condicional del procedimiento se entiende que también se acepta la existencia de delitos.

Al respecto en entrevista a La Tercera y en el contexto del Caso Penta señalaba;

Entonces, si los parlamentarios quieren un juicio abreviado, ¿necesitan reconocer la acusación?

El procedimiento abreviado requiere una aceptación de los hechos de la acusación y de los antecedentes de la carpeta investigativa. En la suspensión condicional en cambio no. Está implícito eso sí.

¿Por qué es implícito?

¿Qué persona aceptaría una suspensión condicional si es que cree que en un juicio oral tiene muchas más opciones de probar su inocencia y ser absuelto y no condenado?. Una persona que es inocente no estaría disponible para aceptar una suspensión condicional y ejercería su derecho a ir a juicio oral, donde acreditaría su inocencia. La suspensión condicional implica un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado en el que no hay una condena, sino que la  persona se somete a condiciones voluntariamente.

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