Nuevo informe concluye que SENAME es una cárcel para niños y niñas pobres.

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El 12 de Junio se votó el informe final de la comisión SENAME II, el cual tiene una extensión de 125 páginas, que en un principio excluía a las exministras Javiera Blanco y Marcela Labraña, cosa que cambió en segunda instancia incluyéndolas por ser sindicadas como responsables de negligencia inexcusable, pues estando en conocimiento de las negligencias e irregularidades del organismo, no actuaron oportunamente. Controversia causo éste mismo punto pues en un principio se aprobó con el Voto de Chile Vamos, Ramón Farias y la PC Camila Vallejo, sin embargo hoy (4 de Julio) el informe terminó siendo rechazado por la Cámara de Diputados -36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstensiones- gracias en parte al lobby de parte del gobierno para evitar que las ex ministras fueran señaladas como responsables. La propia Vallejo, en una vuelta de carnero, rechazó ahora el informe que ella mismo impulsó señalando que “No quiere que sólo se sindique como responsable a una persona”.

El informe que señala que SENAME es una cárcel de niños y niñas pobres.

Al Respecto Radio Villa Francia señala en su nota;

Comisión Sename 2: Podríamos pensar que, luego de todos los informes y el caso de Lissette, su creación era algo lógico y que caía de maduro. Sin embargo, no se formó sin problemas. ¿La razón? Blindaje político. En un reportaje sobre las redes políticas al interior del Sename, el diputado René Saffirio (ex DC) –uno de los impulsores de la Comisión Investigadora Sename 2–, revela una historia que podría graficar aspectos importantes de la forma en que ha operado el sistema de protección de los niños vulnerables en Chile: “Cuando solicité las firmas que se necesitaban para la creación de esta nueva comisión investigadora, la mayoría de los diputados de mi partido se negaron”. ¿Quiere saber la razón? dice indignado y acto seguido explica: “Consideraban que era negar la posibilidad de unapróxima candidatura parlamentaria de la ex directora del organismo, Marcela Labraña (DC). ¡Mayoritariamente mi bancada puso el interés de una militante por sobre la preocupación de los niños y niñas del Sename! Esa nunca puede ser la forma en que un partido aborde una política pública”. Ahora bien, luego de meses de trabajo de la Comisión Sename 2, el pasado miércoles 21 de junio, fue aprobado su informe por la Cámara de Diputados, en el cual se da cuenta de la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la Comisión Sename 1 en 2014. El reportaje de CIPER Chile indica que las conclusiones a que llegaron los parlamentarios son poco alentadoras, en al menos dos puntos que se consideran claves para evitar casos como el de Lissette Villa y para asegurar el bienestar de nuestros niños y jóvenes. En primer lugar, se refiere a una disminución del 399% en el presupuesto que el Sename ha destinado a capacitación y formación de sus funcionarios. Si bien, señala dicho medio, el borrador no lo explicita, fuentes de la Cámara indicaron a CIPER que esta sensible baja se produjo en los últimos cuatro años (2014-2017). Otro dato ensombrece aún más el panorama: según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Otros 224 programas han sido auditados solo una vez en el mismo lapso y 189, dos veces. Para poder cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. Para esta tarea, a junio del año pasado solo había 102 supervisores técnicos y 74 supervisores financieros. El foco del debate público sobre las conclusiones de esta segunda comisión ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas que le cabrían a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; a los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y a la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Y si bien es importante establecer las responsabilidades políticas, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron a CIPER que el verdadero problema no está ahí, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. En ese sentido, la rebaja que han experimentado los fondos para capacitación y la falta de fiscalización, son reveladoras de las fallas en la administración de su presupuesto. ”En su reportaje, CIPER cita a la jueza Mónica Jeldres, quien estuvo a cargo del primer informe que hemos mencionado y que declaró:

–Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables. Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual. Tan solo en octubre de 2016 se entregó la cifra de 1.313 niños fallecidos, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios.

En resumen, podemos concluir que más allá de las buenas y pasajeras intenciones que brotan con cada nuevo y horrendo caso de muerte o vulneración de derechos de nuestros niños, en la realidad los hechos son claros. No ha existido una verdadera voluntad, política ni al parecer social, para poner fin a la profunda crisis que vive el Sename. Si nuestros niños son vistos como Stock (en palabras de Javiera Blanco), si el sistema propende a una privatización sin fiscalización ni capacitación de sus funcionarios, quienes además han manifestado reiteradamente su precariedad laboral, esto es, malas remuneraciones y turnos irracionales; si seguimos mirando para el lado, porque estos niños no son nuestros hijos, sobrinos o nietos; si seguimos obviando casos como el de Lissette; si ya no nos sorprenden el abandono, los abusos sexuales ni niñas embarazadas por sus propios cuidadores. Si seguimos como sociedad permitiendo esto, ¿con qué cara podemos espantarnos al conocer de 1.313 muertes, cifra que, de seguir todo como está, es muy probable que siga subiendo?

Recordar que el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, “el Sename ha creado 200 mil niñas y niños desplazados, sin estar en guerra” señalo el diputado Saffirio, con mas de 1400 niños muertos.

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