El pasado 14 de Marzo se realizó en la Región del Maule, en Linares, un “debate” que contó con la participación de los senadores Víctor Pérez Varela, Juan Antonio Coloma, Jacqueline van Rysselberghe y Hernán Larraín y la asistencia de más de mil regantes según informa el medio TVMaulinos, pero que sin embargo no contó con la presencia de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara Alta, y parlamentarios oficialistas quienes no asistieron.
En él se aprovechó de reinstalar la posición de defensa del agua como un bien de mercado que durante toda la tramitación del proyecto ha mantenido la UDI (vinculada a los poseedores de la tierra y la gran industria) y los agricultores, así en el debate el Senador Hernán Larraín señalaba en torno a que ésta reforma “es una verdadera expropiación de los derechos de los regantes, porque por mucho que se diga que se va a referir a los derechos futuros, los actuales regantes que tienen un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento quedan sometidos a la nueva ley, que le entrega atribuciones totales a la Dirección General de Agua. Hay una transferencia de atribuciones desde las juntas de vigilancia hacia las autoridades administrativas. Por lo tanto, los regantes pasan a tener incertidumbre jurídica y a exponerse, incluso, a ser expropiados sin recibir indemnización”.
Reforzando lo anterior otros participantes como el Director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, indicó que los principales reparos a esta reforma que se tramita actualmente en el Senado dicen relación con que “el derecho de aprovechamiento de agua se acaba y pasamos a tener permisos temporales de máximo 30 años que pueden ser caducados o redistribuidos por múltiples razones, como interés público, razones productivas a juicio de la autoridad de turno”, a su vez el Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez, agregaba que esta reforma “afectará por sobre todo a los pequeños agricultores, ya que se les está quitando su derecho de propiedad. No lo podrán hipotecar ni heredar y, frente a esta situación, creemos que es inconstitucional que este Gobierno esté quitando un derecho que ha sido de por vida. Sabemos que es un uso para todo el mundo, pero nosotros tenemos el derecho a usarlo en la agricultura y a lo largo de los años hemos ido haciendo millonarias inversiones para hacer un buen uso del agua”.
Por última se señala que el propio Presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, expresó su apoyo a los regantes “Consideramos muy dañina esta reforma porque si no reconoce derechos ancestrales respecto de la propiedad, y esto es una estatización del agua en el fondo, los terrenos frutícolas y agrícolas sin agua no tienen vida” señaló.
El agua, bien nacional de uso público o bien de mercado.
El debate anterior se vincula a la “reformita”, como la han llamado organizaciones sociales y ONG, a la reforma al Código de Aguas de 1981, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde entonces, y que considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separando la propiedad del agua del dominio de la tierra y transfiriendo la prerrogativa al Estado para que sea éste quien conceda los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.
La reforma al Código de Aguas (boletin 7543-12) si bien establece en su “Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.
El derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de treinta años de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda(…)”
Es decir, los derechos de agua que se pidan a futuro dejarán de ser perpetuos y pasarían a ser concesionados con un máximo 30 años, y además habrían motivos de extinción y caducidad de estos, si no se utilizan. ya que ello ha permitido la especulación por el valor a futuro de los derechos de agua. Sin embargo ésto no sería retroactivo, es decir, no afectaría a quienes ya poseen derechos sobre caudales, los que los seguirán teniendo a perpetuidad.
Respecto a lo anterior, en Chile el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras (quedando así solo un 10% no privatizada), mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales.
Así la real discusión es si el agua es un bien de uso público o un bien de mercado, ésta última postura defendida enérgicamente por los dueños de la tierra, asociados a la industria agrícola de monocultivos, y a la industria minera, y en las últimas décadas, a la industria hidroeléctrica, quienes por 30 años se han beneficiado de la actual legislación utilizando los argumentos de que ésta sería una reforma “expropiatoria” y que no se consideraría, en el caso de los agricultores, su rol como generadores de empleo y parte importante del crecimiento del país, siendo que por esa generación de empleo, los cuales por lo general son precarios y rayando en condiciones similares a la esclavitud, reciben aportes del Estado a través de SEMCE como “premio por generar empleo”. Y lo más importante, ésto solo ha provocado que las personas no tengan acceso a algo tan vital como el agua, o bien vivan bajo la constante escasez de ésta.
Al respecto En 2016 el periodista Patricio Segura en una columna daba un ejemplo claro de la grave situación que ha generado la actual normativa; “Las 110 cuencas sobreotorgadas y la 41 comunas en Chile donde el Estado debe suministrar agua mediante camiones aljibe así lo reflejan. Los secos ríos Loa y Copiapó son el mejor y más dramático ejemplo de los problemas de gestión de este fundamental recurso, donde el que tiene más dinero tiene derecho apropiare de su control. Y claro, difícil que una comunidad cadenciada de cientos de pobladores pueda competir con las utilidades que genera una empresa minera, una hidroeléctrica o una lucrativa plantación de paltas.”. Cabe señalar que Chile es el único país del mundo donde el agua es considerado de derecho privado, el cual puede traspasarse, venderse, comprarse, arrendarse y especularse sobre él.
