Luego de denuncias de particulares y organizaciones a la Contraloría General de la República pidiendo pronunciamiento contra los alcaldes ultraderechistas Mario Meza (RN) de Linares y Cristián Menchaca (UDI) de Longaví, el ente fiscalizador solicitó a los consejos comunales de ambas localidades informar, antes del 10 de febrero, de lo decidido respecto de los dos ediles por su participación en el paro empresarial camionero, lo que fue catalogado como falta a la probidad administrativa.
Las denuncias contra las dos ediles ultraderechistas apoyadas en diversos registros recibieron respuesta por parte de la CGR la que dictaminó, a propósito del actuar de ambas autoridades que apoyaron abiertamente el paro impulsado por camioneros el pasado mes de noviembre de 2022, que los consejos comunales de ambas ciudades debían informar a más tardar el 10 de febrero respecto de las sanciones a aplicar a Meza y Menchaca.
El dictamen señala que los llamados realizados por los alcaldes ya mencionados en apoyo de los camioneros que cortaron ilegalmente rutas en todo el país creando desabastecimiento de productos básicos con el fin de lograr un acuerdo que solo a los empresarios del gremio, fueron realizados en horarios laborales y con recursos municipales.
El dictamen, según consignó Linares en Línea, señala que los ediles incumplieron “la letra 1 del artículo 82 del estatuto municipal, prohíbe a los funcionarios públicos, dirigir, promover y participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades totales o parciales en la retención indebida de personas y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la administración del Estado”. Y el numeral 4° del artículo 62 de la misma normativa, ya que los denunciados “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, el ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo, utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.
Con esto los consejos comunales deberán decidir e informar al ente contralor y Tribunal Regional Electoral, con fecha límite del próximo 10 de febrero, de las sanciones adoptadas respecto de los Meza y Menchaca quienes por sus actos arriesgan incluso ser removidos de sus cargos.
Fuentes: El Heraldo, Linares en Línea.
