Un nuevo reportaje del medio periodístico Ciper, reveló que un grupo de carabineros condenados por traficar armas a bandas criminales cumplirán sus sentencias en libertad, esto debido a que Fiscalía solo imputó delitos hasta el año 2015, aplicando penas de legislación antigua asegurando que allanada la Comisaría de Talagante, mucha documentación asociada a los hechos desapareció.
Se trata de cinco ex carabineros que cumplían funciones en la 23° Comisaria de Talagante recontratados como civiles y otros 36 delincuentes más imputados por el Ministerio Público durante 2018 por haber armado una organización criminal que traficaba armas para otras bandas criminales, a través de la inscr4ipción de armas a las que luego reportaban como extraviadas.
El modo de operar era a través del contacto de personas a las que pagaban entre 80 mil y 160 mil pesos para inscribir armas a su nombre, bajo la figura de “deportistas o coleccionistas”, con lo cual podían inscribir más de dos armas.
Fiscalía solo logró acreditar la increíble venta de 118 pistolas, escopetas y fusiles, de las cuales, señaló el fiscal Heriberto Reyes “el grueso de las armas fue a parar a todo el sector sur de la capital y en ese lugar nosotros incautamos muchísimas municiones, armas, explosivos, pero ni cerca de la cantidad que se habían reducido“.
Bajísimas penas.
Respecto a las penas, fiscalía solicitó la suspensión condicional del procedimiento ex funcionario de Carabineros Cristian Arriaza. En octubre de este año, se condenó a Carlos Díaz Marincovich por tenencia ilegal de arma de fuego, uso y almacenamiento del uniforme de Carabineros a tres años y un día de presidio, sustituida por la de remisión condicional.
Al ex carabinero Marcos Garrido y Fernando Alvial condenados como autores de tráfico de armas, sentenciados a cinco años de presidio. Se les sustituyó por la de libertad vigilada intensiva.
El ex carabinero, Rodrigo Rojas Cortés, también se le suspendió condicionalmente el procedimiento, entre cuyas condiciones deberá pagar $300 mil pesos a Bomberos.
Por su parte el médico boliviano Alberto Martínez Amurrio, quien expedía las licencias psiquiátricas a los “palos blanco” autorizando el porte de armas fue sobreseído por el Tribunal de Garantía de Talagante, luego de cumplir su suspensión condicional del procedimiento en octubre pasado de informar periódicamente su domicilio al Ministerio Público durante tres años, y que done $500.000 a la Fundación Las Rosas de Isla de Maipo.
El fiscal Reyes afirma que debido a que el principal periodo incriminado solo incluyó los delitos cometidos hasta 2015 lo “agarró con una ley que era más benévola, con penas hasta la mitad de lo que son hoy”Justo en enero del 2015, se promulgó la Ley 20.813 que modifica la Ley de Control de Armas, y, entre otras cosas, endurece las penas asociadas al tráfico de armas. “Pero a mí me agarró la ley antigua, justo donde las penas eran más blandengues. Sí esos mismos delitos fueran cometidos hoy, las penas serían el doble de elevadas. En ese momento eran ridículas”, señaló a CIPER.
