Lo que partió como algo extraoficial durante el día, fue ratificado en el punto de prensa ofrecido por la ministra Siches, acompañada de otros miembros del gobierno y oficialismo, en cuando a reestablecer el estado de excepción constitucional, y la vuelta de los militares en la denominada macrozona sur, en lo que es ya otra promesa de campaña rota por Boric en lo que va de su corto periodo.
La noticia respecto a que el gobierno decretaría nuevamente el estado de excepción constitucional en Wallmapu comenzó a circular durante el día cuando se supo del fracaso de las negociaciones para la aprobación en el congreso del “estado intermedio”, chapa con que buscaban aprobar un nuevo estado de excepción que permitiera desplegar al ejercito en la zona.
De esta forma, Izkia Siches anunció que las fuerzas armadas se desplegarán en las provincias de Bío Bío y Arauco para cumplir funciones represivas, principalmente en carreteras, con lo cual el gremio de empresarios camioneros y forestales se anotan un nuevo triunfo, con la medida que anteriormente el mismo FA y PC, además de sectores bacheletistas, criticaban de fracaso pues agudizan el conflicto y criminalizan la causa mapuche.
Además de lo anterior se anunció una fiscalía exclusiva en la zona “un fiscal con dedicación preferente para investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región” y, entre medio de la criminalización y represión a la causa mapuche, quieren que éstos se sienten a dialogar con el gobierno retomándose “la vieja tradición de parlamentar entre el pueblo chileno y el mapuche (…) para el impulso de estos encuentros ya solicitamos el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas e iniciaremos en este mes de julio estos diálogos” junto con la “restitución de tierras”, “mandata[n]do a la nuevas autoridades de CONADI para reactivar la compra de predios, duplicando el presupuesto asignado en la compra de tierras”
