Luego de las declaraciones de un dirigente camionero que denunció al régimen de Piñera de pedirles como gremio orquestar el paro que puso en riesgo el abastecimiento del país en medio de la pandemia para así empujar la agenda represiva, la Fiscalía señaló que está imposibilitada de investigar por no existir querella por la Ley de Seguridad del Estado en el caso.
Lo anterior se da luego de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, pidió estudiar la posibilidad de abrir una investigación a propósitos de los dichos del dirigente camionero Juan Araya, el cual aseguró que el régimen de Piñera les pidió realizar un paro el año 2020 para empujar parte del paquete de la denominada “agenda represiva”.
En sí la imposibilidad se da e que las conductas descritas por el dirigente camionero se enmarcan en las conductas descritas por la Ley de Seguridad del Estado, en específico que “cometen delito contra el orden público los que provocaran desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública”.
Agrega además a los que “inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”.
Es decir, sería el régimen el que debería querellarse contra los dirigentes camioneros que supuestamente ellos mismos incitaron a parar en 2020, para que la Fiscalía pueda intervenir, ya que no hay ninguna otra forma legal en la cual puedan hacerlo.
Fuente: La Tercera.
