Contraloría propone suspensión de generales de carabineros por su actuar durante Estallido Social.

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A través de un comunicado la Contraloría General de la República señaló que concluyó el sumario que llevaba adelante en contra de carabineros por las responsabilidades administrativas que le caben por su actuar durante el periodo que abarca el estallido social llegando incluso a proponer la suspensión de los cuestionados generales Bassaletti y Rodríguez.

El actuar de la CGR se da luego de recibir una serie de denuncias por el actuar de la policía militarizada entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre del mismo año en el marco de la revuelta popular llegando este 3 de marzo al fin del proceso.

Entre sus conclusiones la Contraloría propone que tanto el general Basalletti, en este entonces a cargo de la Zona Santiago Este, como Mauricio Rodríguez ex jefe de la Zona Metropolitana y del ahora general en retiro Jorge Ávila.

Entre las razones esgrimidas por el ente contralor se señalan el uso de lacrimógenas en “los hospitales Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, y Gustavo Fricke, en Valparaíso. También se incluyó la Clínica Santa María” situación prohibida en la norma de la misma institución 2635 del año 2019 que prohibe el uso de estos cerca de centro médicos.

Además el uso de balines con plomo. “Entre el 18 de octubre y fines de diciembre, fueron cargadas y disparadas con munición que contenía plomo, pese a que estaba expresamente prohibido -incluso- en un informe interno preparado por la misma institución”.

También se les cuestiona el uso de escopetas antidisturbios en las inmediaciones de la rebautizada Plaza de la Dignidad ya que solo en noviembre, un mes después del inicio del estallido de la revuelta, se instruyó no utilizarlas.

El representante del alto mando de carabineros, el abogado Jorge Martínez se mostró satisfechos de que otros uniformados resultaran absueltos al probar que reprendieron a sus subalternos en la aplicación de lo protocolos y aseguró que buscarán todas las formas de defensa posible tanto administrativas como legales y ante los tribunales en donde se busca la nulidad de derecho público del proceso llevado a cabo por la Contraloría.

Fuentes: Contraloría – Bío Bío

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