Durante ésta mañana Amnistía Internacional presentó su informe Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, en el cual detalla la actuación de los oficiales de la policía militarizada y del régimen de Sebastián Piñera que permitieron las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y llamando a investigar penalmente a éstos por tener conocimiento de los delitos, y en el caso del régimen, por favorecer la continuidad de dichos actos.
“La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado “estallido social”” señaló la organización internacional en la presentación de su informe sobre las violaciones a los derechos humanos entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019.
En la presentación, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo “La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social.” y recalcó que las violaciones a los derechos humanos son parte de un patrón histórico de parte de dicha institución.
Amnistía establece que “existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial” en especial los traumas oculares de los cuales a pesar de tener conocimiento “demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y de que los casos de trauma ocular sobrepasaban los 250” no modificando protocolos y manteniendo el tipo de instrucción vaga y generales que no minimizaron los daños.
Amnistía hace énfasis en que prácticamente no se aplicaron sanciones disciplinarias a pesar de las más de 4.000 denuncias ante fiscalía contra oficiales de carabineros y que 170 aplicadas por la institución solo en 16 se removió al responsable así como las aplicadas no tenían relación con el delito cometido a pesar de que algunos aceptaran su autoría en los hechos, permitiendo que la mayoría continúe activo en su puesto.
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“Oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza. Lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese” (…) “Solo en el mes de octubre Carabineros disparó más de 104.000 cartuchos de dichos balines. El menosprecio por la integridad de las y los manifestantes ocasionó que diariamente nuevas personas resultaran lesionadas de gravedad, sin importar que muchas de estas conductas podían constituir delitos penales. Esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munición empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba” dijo Guevara.
El informe también apunta contra mandos operativos de la Región Metropolitana, como el Jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el Jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), quienes no ejer4cieron el debido control sobre sus subordinados, a pesar de ser su obligación, y dirigiendo operaciones donde oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad “El hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes”.
Responsabilidad del régimen de Sebastián Piñera.
Amnistía Internacional también pone el foco en la actitud del régimen de Sebastián Piñera al cual responsabiliza de los actos del alto mando de carabineros al no impedir su actuar ejerciendo un adecuado control, por el contrario sus intentos “fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.”. Guevara dijo al respecto: “Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo“.
Por ello abogan por que los responsables sean juzgados para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir “Si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de Carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.”
Amnistía Internacional, al igual que otros organismos, reitera que las demandas expresadas y que detonaron el estallido social, deben ser atendidas “Amnistía Internacional considera que el proceso para la adopción de una nueva Constitución es una oportunidad histórica, donde se debe lograr que los derechos económicos y sociales demandados por la población se garanticen para todas las personas en Chile, sin discriminación.”
Finalmente Amnistía señaló que “La Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido”.
Lo anterior también en relación al actuar de las Fuerzas Armadas desplegadas por Piñera entre el 18 y el 23 de octubre para asumir un rol de control de orden público que no les corresponde durante el estado de emergencia dictado. Periodo en el cual sus oficiales fueron “acusados de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de utilizar munición letal contra manifestantes en varias ocasiones, y de matar a tres personas en contextos de protesta. Las responsabilidades penales por estas muertes y lesiones deben ser esclarecidas de inmediato de manera imparcial y exhaustiva.”
Fuente; Amnistía Internacional
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