LA PERSECUCIÓN POLÍTICA A SANTIAGO MONTENEGRO, TRAS SU COMBATE A LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR DE PINOCHET.

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Para el día 10 de noviembre quedó fijada la audiencia de juicio de Santiago Montenegro, luego de que se suspende la fecha la estipulada para el día 7 de agosto, recordamos que estaría acusado sin pruebas por la fiscalía de Talca de ser autor cooperador del robo con violencia en un robo frustrado a la sucursal del Banco BBVA en la ciudad de Talca el 28 febrero de 2018. En su acusación, el Fiscal afirma que los hechores configuran una asociación ilícita, de la cual Santiago sería parte y su rol habría sido -según la acusación del Fiscal- mantener a los perpetradores informados de los avances de la investigación. La defensa de Santiago pide cambiar las medidas cautelares por salud, en medio de un caso lleno de irregularidades y cuestionamiento a las pruebas-

La historia de lucha de Santiago Montenegro: abogado y ex militante del FPMR.

Santiago Montenegro es un sobreviviente de la matanza de Corpus Christi, donde murieron 12 de sus compañeros, matanza que da en medio de operativos de montaje de supuestos enfrentamientos, y que costó la vida de los rodriguistas Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Silva Soto, Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya, Wilson Henríquez Gallegos, Recaredo Valenzuela Pohorecky, José Valenzuela Levi, Julio Guerra Olivares Ricardo Rivera Silva y Manuel Valencia Calderón, muchos de ellos trabajadores, estudiantes, pobladores, mujeres y hombres que entregaron su vida a hacer frente a la dictadura cívico-militar. Santiago Montenegro es uno de los sobrevivientes y luego de haber estado tres años preso, se dedicó a estudiar y actualmente es abogado.

Situación judicial y de salud actual.

Hace ya más de un año y cuatro meses que Montenegro se encuentra recluido en la cárcel de Talca, luego de haber sido acusado sin pruebas, señala la defensa de Santriago, por la fiscalía de Talca de ser autor cooperador de robo con violencia frustrado a la sucursal del Banco BBVA en la ciudad de Talca el 28 febrero de 2018, en la acusación el Fiscal afirma que los hechores configuran una asociación ilícita, de la cual Santiago sería parte y su rol habría sido mantener a los perpetradores informados de los avances de la investigación, según la acusación de Fiscalía.

El proceso ha estado lleno de irregularidades y obstáculos, tras una nueva postergación por parte de la fiscalía, lo cual vuelve cada vez más compleja y tormentosa la situación judicial de prisión preventiva.

Para nadie es una sorpresa de cómo la pandemia ha complejizado aun más situación de quienes están las cárceles, más todavía de quienes padecen alguna enfermedad, como es el caso de Montenegro, quien presenta un difícil daño pulmonar, como consecuencia de la tuberculosis que contrajo en los tiempos que fue preso político.

Las irregularidades del caso:

Como ya se señalado, este caso está lleno de irregularidades y de vulneración de derechos en contra de Santiago, dentro de las cuales estaría la inexistencia de pruebas en su contra para sustentar la imputación por la cual fue tomado detenido de forma violenta tras un operativo del OS-9, frente a su esposa e hijo y sin ningún tipo de citación de la acusación que se le realizaba.

Su única vinculación con el caso es que se desempeñaba como abogado de un empresario con muchas propiedades, donde una de ellas fue arrendada por un inculpado en el asalto del banco BCI de Talca. Se investiga su participación política en el FPMR, siendo apuntado de líder de una banda de ex militantes del FPMR dedicados a realizar asaltos. Cabe destacar que ninguno de los acusados confesos perteneció al FPMR.

El único argumento que existe son grabaciones (audios) de conversaciones que Santiago Montenegro mantuvo con su cliente en calidad de abogado, señalando instrucciones para el arriendo de la propiedad, en el tenor de su trabajo, pruebas invalidadas por parte de los jueces.

Por esto y por todo lo anterior es que la defensa de Santiago pide cambiar las medidas cautelares por unas menos gravosas en medio de un caso lleno de irregularidades y carente de pruebas que hoy ponen en riesgo la salud física y psíquica de Montenegro.

Carta de Rose Marie Pavez Osorio, esposa de Santiago Montenegro al fiscal nacional, regional y al persecutor de Santiago, tomada de su cuenta de Facebook el 05 de agosto del año 2020:

“Señores.
Jorge Abbott.
Fiscal Nacional.
Presente.

Aquí expongo una síntesis del Caso de inequidad y hostigamiento del fiscal jefe adjunto de Talca en contra de Santiago Montenegro Montenegro, abogado con postgrado en Derecho Penal Procesal.

Santiago se encuentra detenido actualmente en la cárcel de Talca, acusado de ser autor cooperador (artículo 15 N°3, del Código Penal chileno) de robo con violencia en un robo frustrado a la sucursal del Banco BBVA en la ciudad de Talca el 28 febrero de 2018. En su acusación, el Fiscal afirma que los hechores configuran una asociación ilícita, de la cual Santiago sería parte y su rol habría sido -según la acusación del Fiscal- mantener a los perpetradores informados de los avances de la investigación.

Las pruebas en que se basa el fiscal Héctor de la Fuente Bastías tienen relación con un mensaje de texto que Santiago envió desde su teléfono personal -el único que tenía y que usaba también en su actividad profesional- a un perpetrador que falleció en el asalto frustrado y en una diligencia que realizó, en forma posterior a los hechos, mandatado por un cliente que arrendó un inmueble en la ciudad de Talca para ser usado por el fallecido con su familia desconociendo el marco delictual en que se daría ese uso.

Pero en la Audiencia Preparatoria del Juicio Oral, realizada en marzo de este año, el Tribunal descartó dichas pruebas por estar circunscritas a la relación abogado/cliente, que es lo que efectivamente ocurrió: El fallecido tenía una causa por violencia intrafamiliar que estaba en proceso el verano de 2018 y había insistido a Santiago para que lo representará. Al terminar nuestras vacaciones familiares, a fines de febrero, Santiago finalmente respondió a esta persona que al día siguiente definirían los detalles. Esto demuestra el total desconocimiento de Santiago del lugar dónde se encontraba el delincuente y sus planes.

El frustrado asalto se produjo el 28 de febrero de 2018, a la semana siguiente, Santiago viajó a la ciudad de Talca en representación de un cliente, el que puso a disposición de la Fiscalía, donde concurrió y dejó todos sus antecedentes, número de teléfono y correo electrónico. Nunca la Fiscalía intentó contactarse con él.

El 7 de mayo de 2019, es decir más de 14 meses después, Santiago fue detenido en un vasto y violento operativo policial a cargo del OS-9 de Carabineros. En esa oportunidad, el oficial a cargo le comentó a Santiago “usted es importante, usted es un pez gordo”. El oficial se identificó como “nieto de alguien que estaba en la vereda opuesta a la suya -la de Santiago-“. Se refería a quien fuera el fiscal militar favorito del dictador Augusto Pinochet, Fernando Torres Silva, actualmente preso por delitos de lesa Humanidad.

Lo interesante de esto es que el oficial Torres hizo referencia a la lucha contra la dictadura que dio Santiago como militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR.

Como combatiente del Frente, Santiago estuvo detenido en dos oportunidades, la primera en 1986. La segunda vez fue tras la matanza de Corpus Christi u Operación Albania, realizada entre el 15 y 16 de junio de 1987, cuando centenares de agentes de la Central Nacional de Inteligencia, la CNI, acribillaron a 12 militantes del Frente. Santiago sobrevivió al ataque contra la casa de seguridad ubicada en calle Varas Mena, resultó herido en la cabeza teniendo aún el proyectil alojado en la región occipital derecha.

Tras ser detenido, Santiago fue encausado por el fiscal militar Torres Silva que lo mantuvo bajo severo aislamiento por un largo e ilegal período. En esa época, Santiago se contagió con la bacteria que provoca Tuberculosis. Por el estricto confinamiento en que lo mantuvo el fiscal militar Torres, la enfermedad avanzo sin ningún contrapeso. Cuando finalmente, tras una larga huelga de hambre, fue trasladado de recinto penitenciario y llevado con los otros presos políticos de la dictadura, sus compañeros y abogados -al ver su débil estado- presionaron para que fuera trasladado al hospital penitenciario. El tratamiento fue tardío y quedó con daño en el 20% de los pulmones, situación que lo mantiene con uso de fármacos hasta el día de hoy.

En numerosas oportunidades nuestro abogado -de la Defensoría Penal Pública de Talca, Carlos Oyarzún Selaive-, ha presentado escritos solicitando el cambio de medida cautelar desde la prisión preventiva a arresto domiciliario. Santiago cumple todos los requisitos para ello, partiendo por la fundada presunción de inocencia, además de irreprochable conducta anterior y arraigo familiar (esposa y dos hijos que cursan estudios superiores), laboral y social. Incluso, al inicio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, se solicitó el cambio de cautelar por el riesgo que representa el daño pulmonar que dejó la TBC, ocasión en la que el Fiscal ironizó que Santiago “se encontraba más seguro en la prisión” que en libertad. A esta fecha, en la Cárcel de Talca hay 5 casos confirmados de personas contagiadas con el virus Covid 19, aunque se desconoce si hay un número mayor de internos contagiados ya que la información se maneja con absoluta reserva.

Hemos conversado con numerosos abogados, incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Talca, INDH, de la Defensoría Penal Pública, y todos concuerdan en que Santiago debiera estar en libertad ya que, por todos los antecedentes reunidos en la causa que prueban su inocencia, con toda seguridad será absuelto en el juicio oral. Más aún, todos los abogados que conocen el caso estiman que si la causa estuviera en la capital, Santiago estaría libre hace meses”.

Nos asiste la certeza de que la única razón por la cual Santiago continúa en prisión preventiva es la fijación ideológica del fiscal De la Fuente en su contra: desde el primer momento ha evidenciado una mala intención. Así lo prueba, por ejemplo, la audiencia de formalización realizada el 8 de mayo de 2019, cuando la jueza a cargo, Sra. Isabel Salas, preguntó al Fiscal por la condición de cada uno de los nueve imputados, el Sr. De la Fuente guardó silencio sobre la situación de Santiago y movió la cabeza dando a entender una respuesta afirmativa. Lo que es falso: Santiago sólo ha sido detenido y acusado de delitos durante la dictadura por su pertenencia al FPMR, pero al retorno de la democracia, en 1990, fue absuelto de todos los cargos en su contra por lo que al día de hoy se puede afirmar con absoluta certeza su intachable conducta anterior, mérito reconocido para obtener una medida cautelar como arresto domiciliario durante la investigación de la causa, pero que la maldad del Fiscal impidió. Tal como lo ha hecho en cada apelación a la prisión preventiva, ocasiones en las que al oponerse el Sr. De la Fuente ha argumentado cada vez que “aunque no debería sacar esto, pero el Sr. Montenegro es un terrorista”… Lo ha repetido hasta el cansancio con frases como “el Sr. Montenegro es un terrorista peligroso y se puede fugar”. En otra audiencia de apelación, el juez iba a iniciar la sesión y solo faltaba Santiago, al preguntar el juez Rojas al Fiscal, éste respondió “mandé que lo trasladaran solo porque es muy peligroso”… Minutos después, Santiago llegó engrillado, caminando apenas. Todo esto ha sido presenciado por el juez que en turno ha debido dirigir las audiencias, los abogados defensores de los nueve imputados, sus familiares y yo, que he ido anotando en una libreta personal episodios como estos.

A lo anterior se suma que hay dos imputados con igual acusación a la del abogado Montenegro -como autores cooperadores del delito que se les imputa-, y para quienes se pide la misma condena, pero que se encuentran en libertad sin ninguna medida cautelar. El considerar a Santiago Montenegro más peligroso es propio de sistemas fascistas. En un Estado democrático donde impera el Derecho -como presume nuestro país en los foros internacionales-, a las personas se les sanciona por lo que hacen, no por lo que son ni por lo que piensan.

Lo que nos preocupa es el reiterado rechazo a los contundentes argumentos legales para otorgar la libertad provisional a Santiago, lo que sumado al comentario del oficial Torres del 0S-9 sobre el pasado frentista de Santiago, nos refuerza que la verdadera razón por la que se mantiene su prisión preventiva es, precisamente, su militancia en un movimiento político que tenía el claro objetivo de derrocar a la dictadura.

A la fecha, Santiago lleva más de 15 meses en prisión preventiva, los que fácilmente podrían llegar a 24 meses debido a la suspensión de gran parte de las causas judiciales producto de la Pandemia por Covid-19: El lunes 6 de julio, el Poder Judicial presentó un protocolo de acuerdo con los distintos estamentos de funcionarios planificando la normalización de funciones. Este protocolo contempla 3 etapas: la primera es la vigente y rige hasta el 14 de septiembre, período en el cual las actividades presenciales se han reducido al mínimo suspendiendo la mayor parte de los juicios.

La segunda etapa, según la normativa vigente, regiría desde el 15 de septiembre al 8 de febrero. En este lapso, las labores presenciales irían en aumento, pero sin sobrepasar el 50 por ciento. Lo que indica que se generará un cuello de botella atrasando aún más la vista de los juicios pendientes.

Esta planificación va acompañada por modificaciones en las instalaciones de los tribunales para que permitan la separación de los concurrentes: imputados, testigos y funcionarios judiciales.

El juicio en el que Santiago está imputado estaba programado para el 7 de agosto, pero ya le informaron que se postergará,dando como nueva fecha el día 10 de noviembre . El protocolo presentado por el Poder Judicial nos hace temer que difícilmente se realice antes de marzo de 2021, cuando Santiago sobrepase ya los 20 meses de injusto encarcelamiento.

Santiago es inocente y su prisión preventiva lo mantiene en un alto riesgo de contagio de un virus que provoca severos daños a personas que presentan algún grado de vulnerabilidad, como es el caso de Santiago por la TBC, y que incluso puede provocar la muerte. Lo que sumado a la angustia, frustración y estrés de una situación totalmente arbitraria, injusta, lo exponen en mayor grado a un riesgo evitable. Pero la Corte de Talca hace oídos sordos a nuestras fundadas apelaciones.

En el caso de Santiago Montenegro el país no está respetando los tratados internacionales firmados por Chile y que lo comprometen en la protección de las personas bajo el imperio del Estado; está desoyendo las recomendaciones de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema que ya en abril, tras un exhaustivo estudio, calificaba como “una bomba de tiempo” la situación en las cárceles del país frente a la pandemia por el Covid-19, agregando sobre los presos que “no es del caso insistir en que se trata de uno de los grupos con mayor exposición al contagio y, por tanto, potencialmente más afectado y perjudicado por la pandemia del Covid-19 y otras enfermedades infecto-contagiosas, como la influenza. Su permanente contacto en condiciones de hacinamiento y el constante ingreso de nuevos internos y todo tipo de personas eventualmente portadoras del virus, aumenta el riesgo para los internos y genera condiciones para la propagación de la enfermedad”. El informe de la Fiscalía del máximo tribunal del país concluía que es “de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio”.

Nos preocupa la salud e integridad de Santiago: Si el manejo de la pandemia del Covid-19 ya ha sido desastroso en Chile, con más de 12 mil muertos vinculados al contagio de este virus, en las prisiones puede ser aún peor ya que no existen ni las condiciones de aislamiento, ni los fármacos necesarios, ni el personal médico mínimo para enfrentar una situación de emergencia… Peor aún, en cualquier lugar del mundo, los presos -por inocentes que sean-, no existen en las listas de prioridades de los gobiernos frente a estas crisis.

Por todo lo anterior, es que solicito que el ministerio público, en especial el fiscal Héctor de la Fuente Bastias, no se oponga a la petición de cambio de medida cautelar por otra menos gravosa.Sin su intervención,la fiscalía de Talca seguirá manteniendo a mi esposo, al abogado Santiago Montenegro como rehén en la cárcel. Recuerde que cae día en reclusión aumenta el riesgo de contagio. Cada día, aumenta nuestra angustia”.

Publicación de Académicos y Profesionales Universitarios en apoyo a Santiago Montenegro en medio de comunicación Piensa Prensa, compartimos a continuación, dicha publicación, realizada el 2 agosto, 2020:

“Los suscritos, académicos y profesionales de la Universidad ARCIS, expresamos nuestro apoyo y solidarizamos con la situación de nuestro compañero, el Abogado y Académico e integrante de la Asociación de Académicos, SANTIAGO MONTENEGRO MONTENEGRO.

Mientras no se pruebe lo contrario, seguimos invocando el respeto a la presunción de inocencia a la que tiene derecho,  y su prisión preventiva que ya se extiende por más de un año en la cárcel de Talca, nos parece un despropósito. Además, la mantención de la prisión preventiva, no sólo vulnera la presunción de inocencia, sino la norma de derechos humanos que prescribe que la prisión preventiva no debe ser la regla general, principio que fue recogido por la reforma procesal vigente.

Creemos que el Fiscal no sólo desconoce estos principios y normas de aplicación obligatoria, sino además, se ha empecinado en perseguir obsesivamente a Santiago Montenegro, calificándolo permanentemente en sus alegaciones como un peligro para la sociedad, invocando hechos del pasado que no están siendo ni investigados ni juzgados por el actual proceso, lo que ha incidido en las resoluciones dictadas por el juez y los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, que han negado sistemáticamente las libertades provisionales solicitadas.

En reiteradas oportunidades, el abogado defensor, ha demostrado que no sólo no es un peligro para la seguridad de la sociedad, sino además, que la figura imputada de “asociación ilícita para delinquir”, no cumple con los supuestos exigidos por la Ley para su aplicación. La verdadera persecución en contra de Santiago Montenegro se ha construido sobre la base de unas figuras legales que no tienen fundamento, dada la comprobación y veracidad de su vida profesional y familiar hasta antes de su detención, quien no aparece vinculado a organización criminal alguna ni es un peligro para la sociedad.

Las evidencias en la causa que se le sigue en su contra, por una supuesta participación en un robo frustrado a un banco en el 2018- acusación que niega rotundamente-, se fundamentan en presunciones relacionadas a su pasado como militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Él es un ex preso político y un sobreviviente de una matanza, organizada por los organismos represivos de la dictadura, conocida como Operación Albania, en contra de militantes del FPMR, en 1987. Se pretende usar este argumento del pasado, para fundamentar o justificar su participación en una acción delictual del presente, que Santiago Montenegro niega haber cometido.

La obcecación del Fiscal nos parece inaceptable y cuestionable desde el punto de vista del Derecho, pues el haber luchado en contra de la tiranía que asoló nuestro país durante 17 años, no es más que el ejercicio legítimo del derecho a rebelión, consagrado en el considerando tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A su vez, la salud deteriorada de Santiago Montenegro, por una tuberculosis que le dejó serias secuelas, lo expone seriamente al contagio del Covid-19, razón por la cual se hace más urgente, el cambio de medida cautelar solicitada, de prisión preventiva a arresto domiciliario, mientras se prepara la realización del juicio oral previsto para Agosto próximo.

Asimismo, los tribunales no deben desatender el llamado que hizo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al conjunto de los Estados que forman parte de la comunidad internacional, a propósito de la pandemia, en orden a liberar al máximo las cárceles, para evitar el contagio producto del hacinamiento carcelario, especialmente de los recluidos más vulnerables, como es el caso de Santiago Montenegro.

Por las razones anotadas, llamamos a solidarizar con Santiago Montenegro, denunciando la aberración jurídica que significa mantenerlo en prisión preventiva, vulnerando con ello normas jurídicas expresas y exponiéndolo a un evidente riesgo para su Salud y su Vida”.

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