Régimen vetaría proyecto que prohíbe corte de servicios haciendo más difícil acogerse a él.

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Mientras proyectos populistas penales se aprueban en corto tiempo, las tibias iniciativas sociales que han avanzado en el parlamento han tardado meses y semanas en ver la luz, como es el caso del proyecto de postnatal de emergencia o el que prohíbe el corte de servicios básicos y obliga al pago en cuotas de dichas deudas el que a pesar de haber sido despachado para que Piñera lo promulgue, ahora sería vetado por el régimen el que agregaría más condiciones, disminuyendo así al número de personas que puedan hacer uso de él.

El Pulso fue el medio que consignó esta jornada que Sebastián Piñera vetaría el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministros básicos durante la pandemia, el que tardó tres meses en ser despachado desde el congreso para ser ley y que fue resistido desde un inicio por el ejecutivo que siempre acusó a la iniciativa de inconstitucional.

Lo señalado va en línea con su anuncio de restringir las facultades de los parlamentarios a través de un procedimiento que fije las iniciativas que son o no son admisibles para su tramitación parlamentaria, esto motivado por proyectos de corte “social” que avanzan en las salas del congreso que el régimen y parlamentarios oficialistas intentan frenar.

En concreto el veto apuntaría a los artículo 3 y 5 del proyecto de ley.

El primero que señala que podrán acogerse a éste las personas que según el Registro Social de Hogares sean parte del 60% más vulnerable, agregando Piñera que además deberán cumplir con ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo, o ser trabajador independiente lo cual reduce considerablemente a las personas que podrían impedir el corte de sus servicios básicos.

El segundo punto que busca eliminar es el que tiene relación con la obligatoriedad de que las empresas de telecomunicaciones deban ofrecer ofrecer planes solidarios gratuitos a sus clientes finales. Dichos planes tenían como objetivo “permitir la conectividad para fines educacionales, laborales, de salud e información, por lo que la respectiva empresa proveedora deberá tomar todas las acciones y medidas técnicas de gestión de red que sean necesarias para cumplir con dichos fines”. Estos serían fiscalizados pos la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Por su parte también las empresas eléctricas estarían presionando ya que no desean ser las únicas que recauden menos por los servicios queriendo sumar a más segmentos a las “perdidas” como generadoras, transmisoras y distribuidoras.

Fuente; La Tercera

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