Régimen da suma urgencia a proyecto que aumenta atribuciones de la ANI.

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“Suma urgencia” puso el régimen de Sebastián Piñera a uno de los proyectos que forman parte de la agenda represiva que se ha impulsado desde el oficialismo con apoyo de la “oposición”, y que en concreto aumenta y coloca más herramientas del aparato estatal a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia, en línea con la política de control, vigilancia y castigo que desde el estado se aplica con fuerza desde el inicio de la revuelta popular de octubre.

En medio de la pandemia el régimen no ha olvidado seguir impulsando su agenda represiva, la que aumentó luego de la revuelta popular de octubre con el objeto de controlar, vigilar y castigar las formas de protesta y organizaciones vinculada a las luchas que en ella se apreciaron.

Si bien el proyecto que “Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado” (Boletín 12234-02), fue ingresado en 2018, no fue si no a propósito de la revuelta popular que recibió una serie de indicaciones para aumentar aún más las atribuciones de la ANI, de hecho en enero fue votado de forma unánime en el senado cuando a su vez el ministro Espina aseguraba que haber contado con leyes como ésta habría aportado al combate de la “violencia” en referencia a las protestas.

El proyecto hoy plantea la polémica indicación 22-A que señala que se podrá “requerir la destinación a la misma de funcionarios pertenecientes a los organismos de inteligencia policial en comisión de servicio, con el objeto de que se desempeñen como agentes encubiertos a fin de obtener información y recabar antecedentes”, incluso pudiendo requerir a “funcionarios de la inteligencia naval con el fin de obtener, en este último caso, información y recabar antecedentes en el ámbito de sus funciones de policía marítima”.

La particularidad de ésta indicación es la de permitir a la ANI contar de forma indefinida con agentes encubiertos cambiando su rol de coordinación de los otros aparatos de inteligencia obteniendo información de “fuentes abiertas”, es decir públicamente, a ser una agencia civil que dependerá del poder ejecutivo directamente, como una policía secreta.

Según consigna Resmunen.cl, la ANI tiene sus origen en 2004 cuando fue fundada con el objeto de reemplazar a “la polémica Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI, y heredera del Consejo Coordinador de Seguridad Pública ), también conocida como La Oficina, y que fue profundamente criticada por su inserción y desestabilización de movimientos y organizaciones políticas de izquierda al inicio del retorno de la democracia, utilizando todo tipo de métodos para lograr sus objetivos.”

La indicación además de establecer la existencia de los agentes encubiertos entrega otra prerrogativa al organismo que ahora podría “requerir de los jefes o directores de la inteligencia policial, la obtención de información y la recopilación de antecedentes que sirvan de base al proceso de inteligencia y contrainteligencia”.

Además, como consigna el mismo medio, plantea el proyecto que la ANI “podría recurrir, bajo sanciones administrativas de presentarse una negativa, a la entrega de cualquier información que estimen conveniente a cualquier repartición del Estado o que el mismo Estado sea accionista mayoritario. Esto va a permitir utilizar toda la maquinaria estatal, de registros e informaciones, al servicio de la Agencia Nacional de Investigaciones. Tanto es así, que el proyecto contempla la creación de departamentos de Inteligencia en Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.”

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Fuente; Resumen.cl

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