Dramática, es la palabra con la cual se ha descrito la situación del caudal del río Mataquito luego que el día 11 de enero las autoridades confirmaran que el nivel de éste había bajado a un 0,4%. Situación gravísima que se da en medio de una grave escasez hídrica que se vive a nivel país a causa de la crisis climática por la que atraviesa el planeta pero que en gran medida se debe, en Chile, al saqueo sin control de parte de los privado que gracias a la legislación nacional administran y se hacen dueños de un recurso tan vital como el agua, cuyo aprovechamiento ya está llevando a éstos a una virtual guerra por su apropiación.
Corría el 5 de enero del presente año y diario el Centro publicaba una nota sobre la planta de Celulosa “Licancel”, perteneciente a Arauco controlada por el grupo económico de Anacleto Angelini, que consignaba que desde “el 20 de diciembre pasado que la planta de celulosa Licancel, de propiedad de la empresa Arauco, se encuentra sin generar producción y en proceso temporal de mantenimiento, debido a que el bajísimo caudal del río Mataquito no permite realizar captaciones de agua o descargas de residuos previamente tratados.”
Nelson Bustos, subgerente de asuntos públicos de Arauco señalaba al mismo medio que “El agua es un insumo fundamental y la baja en el caudal nos obligó a detener la producción de celulosa desde el 20 de diciembre a la fecha” debido a que el río presentaba su caudal histórico más bajo registrado al no superar el 3% de éste lo cual les impide extraer según los derechos legalmente establecidos- agua que es “parte importante del proceso de tratamiento y no podemos operar en las actuales condiciones”.
Sobre las causas, el mismo Bustos señalaba que si bien el caudal del río es bajo, las verdadera causa de la extrema falta de agua en ese sector del río Mataquito se debía a que más “arriba” se estaba extrayendo agua por parte de otros privados “Hay una extracción que puede ser legal o ilegal, es no lo sabemos, pero sí la situación actual del río afecta a quienes estamos aguas abajo, incluyendo a los agricultores, en la medida que esto no permite que el río fluya normal y pueda ser aprovechado por todos. Esta situación nos tiene muy preocupados y hemos tomado acciones”.
Río intervenido por privados.
Una de las causas a las que se refirió el mismo subgerente de la Celulosa Licancel ha sido denunciada por personas que al acercarse a las riveras del río en distintos lugares han captando como privados han intervenido el cauce para crear verdaderas piscinas en donde impiden el normal paso de las aguas hacia el mar para poder captarlas para su uso privado.
Es más, el propio Bustos aseguró tener imágenes captadas con drones de vigilancia, las cuales entregaron junto a otros antecedentes a la DGA, pero solo para que se defina quien puede y quien no puede seguir utilizando, según sus derechos sobre el recurso, el agua del río: “lo que buscamos es que se fiscalice y se defina cuáles son legales o ilegales”.
Otros videos sobre como el río es intervenido por particulares, afectando de paso el ecosistema de la cuenca, para extraer agua sin que nadie fiscalice los ilegales trabajos, han sido publicados tanto por grupos ambientales como “Defensores del Alto Maule”.
Como por el Concejal de Licantén, Claudio Reyes.
Los cuales dan cuenta de la guerra que los privados mantienen por el recurso y la nula respuesta de parte de los organismos estatales por detener ésto, algo advertido por el Académico de la universidad de Santiago de Chile y experto en cambio climático y energías renovables, Raúl Cordero, quien advertía a mediados del año pasado que ésta “sequía, al limitar la disponibilidad de un recurso, ha acentuado y visibilizado un conflicto por su acceso, que ha derivado en un debate sobre derechos y propiedad” en lo que denomina “microguerra del agua”. “Esta es también una de las consecuencias del cambio climático; exacerbar conflictos sociales. Desafortunadamente, es probable que este tipo de conflictos se agudicen aún más en el futuro, a medida que el estrés hídrico empeore” finalizaba.
En ese sentido el presidente regional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) , Leonardo Vergara, comentó que “cuando hay una baja de los caudales más allá de lo que debiera pasar, significa que en alguna parte se está produciendo una evacuación del afluente que no está controlado. Eso pareciera que es evidente, porque de repente el caudal disminuye y es por una intervención” (…) “Allí evidentemente que falta una regulación y control. Sumado a esto hay una falta de manejo adecuado de la cuenca, pero también falta una estructura que permita garantizar mejor la disponibilidad de agua cuando es requerida, como ocurre en verano. Además, la inversión en infraestructura hídrica regional es muy deficitaria“.
Sin embargo la crítica de Vergara va solo en el ámbito de proteger a la empresa que se ve afectada hoy: “Esta planta no consume más agua que la requerida“, mas, ninguno de los intervinientes se refiere al debate que existe hoy en torno a quien debe administrar un recurso tan importante como al agua, el cual está casi completamente en manos de privados y es que en Chile el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras (quedando así solo un 10% no privatizada), mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales.
Las soluciones pedidas por el Alcalde de Licantén Marcelo Fernández también solo apuntan a capear el momento, pero evitando el importante debate sobre la administración del agua al solo seguir la lógica de que se necesita más infraestructura: “La idea de construir los pozos surgió de los propios agricultores y queremos seguir trabajando con ellos, en terreno, para gestionar soluciones. Pero también debemos comenzar una campaña de sensibilización”, fueron las tibias declaraciones sobre la situación a los medios, haciendo énfasis solo en el impacto económico que la intervención al cauce y sobre explotación sobre el recurso de parte de ciertos privados que la extraen de forma ilegal, está causando a quienes poseen derechos de aprovechamiento “la emergencia es cómo proveemos de agua a los agricultores”, apostando solo a que DGA fiscalice “todos aquellos lugares irregulares donde se está captando el agua”.
El tema no es menor y es que durante la primera semana, y en el contexto del debate sobre una nueva constitución, el Senado ya había rechazado por falta de quórum – toda la derecha se opuso – a que el agua se consagrara como bien de uso público en la constitución actual, lo cual fue rechazado desde Chile Vamos bajo el argumento de que ya el Código de Aguas consagra eso, omitiendo sin embargo que éste cuerpo legal permite que los privados se apropien del agua gracias a que se le otorgan de forma gratuita derechos de aprovechamiento sobre ésta a perpetuidad lo que ha dado vida a un verdadero mercado especulativo del agua.
Y es que el sociólogo Rodrigo Faúndez, quien es miembro de Modatima (Movimiento de defensa por acceso al agua, la tierra, y la protección del medio ambiente) señalaba también durante el año 2019, que Chile es parte de los 18 países con más alto riesgo hídrico, lo que lo hace altamente susceptible a los efectos del cambio climático, pero señalaba que había que agregar a lo anterior otro factor que agudiza los problemas de escasez de agua que se vive en extensas zonas del país. Y es que asegura que la Dirección de Aguas ha entregado muchos más derechos de agua que la que realmente está disponible en la cuencas.
Agua bien de uso público o bien de mercado.
El tema sobre quién debe administrar el agua; los privados, el estado o las comunidades, y con ello si se continúa con el actual modelo que considera al agua como bien de mercado o protegerla consgrandola como un bien social ya está sobre la mesa, ahora con mayor fuerza a consecuencia de la crisis hídrica que vive el país y el rechazo a la apropiación empresarial que se ha dado en desmedro del consumo humano, que tiene como caso paradigmático el de Petorca donde el saqueo del agua dulce denunciado por las comunidades en contra de la industria de la palta ha levantado un movimiento por la defensa del recurso que ya se replica a nivel país.
Y la región del Maule no es ajena a estos hechos de abuso empresarial, es el caso que se da en Teno en donde pequeños agricultores están en lucha contra las hidroeléctricas Puma S.A. y Ríos Claro S.A. que encajonan el agua del Estero el Manzano para abastecer sus centrales de paso, como denunció el consejero regional de la provincia de Curicó, Manuel Améstica, acusando a ésta empresas de desviar agua desde el sector El Manzano llevando dichos antecedentes a la DGA “Hace un mes llevé a encargados de esa comunidad, abogados y también a la Dirección General de Agua (DGA) para que habláramos del tema, donde las centrales hidroeléctricas simplemente se han burlado de esta gente y las tiene sin agua”.
Denuncia que vuelve a repetir el mismo libreto de exigir que los privados respeten los derechos que poseen, más no cuestionar el modelo de administración del recurso “si bien es cierto que esas centrales son dueñas del agua, el estero El Manzano, tuvo en su momento mucho caudal. Hoy día hay dos centrales de paso y después de usar esas aguas estas centrales las desvían para otro canal que es de su propiedad”.
Sin embargo puntualizó que la falta de fiscalización está afectando el consumo humano “no es posible que a estas alturas a la gente de esa comunidad la tengan sin agua, donde debe garantizarse sobre todo para el consumo humano”.
E incluso señaló que el problema en la falta de fiscalización se da desde la propia DGA, cuyos funcionarios actúan a favor de las grandes empresasal responsabilizar a la directora regional de la DGA, Paula Castro, porque a su juicio “tienen en el abandono a los agricultores, los cuales informan inmediatamente de cada hecho y cada cosa que se está tomando para el beneficio y defensa a los trabajadores”. Agregando que sus funcionarios “están defendiendo más a las empresas que a la gente”.
Democratización del agua y fin al modelo de producción capitalista
El tema no es menor y los esfuerzos bajo ésta legislación parecen insuficientes para poner freno a la falta de agua, no solo para las actividades económicas, sino que para el consumo humano, el cual es colocado por las autoridades como de segunda relevancia con tal de favorecer los grandes intereses económicos al negarse a quitar la administración del recurso de manos de privados al mantener intocable no solo la Constitución sino que el Código de Aguas que para Francisca Fernández, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), junto con el cambio climático, es otro de los focos y factor clave de que el agua esté prácticamente agotada, algo a tener en cuanta por el impacto en el medio ambiente que ésto acarrea como consecuencias del modelo de producción capitalista.
Al respecto señalaba en septiembre del año pasado cuando Piñera anunciaba sus medidas para enfrentar la sequía que “El gran ausente en este discurso es el causante en términos estructurales de la mega sequía: el Código de Aguas. En ningún momento Piñera hizo referencia al modelo de gestión de aguas existente en Chile, que es un modelo de gestión privatizado que ha generado un mercado de las aguas en que hoy la forma de adquirir el agua es a través de la compra de derechos de aprovechamiento de esta, generando algo muy relevante que es que las cuencas en Chile, sus derechos de agua, han sido sobre otorgados”
Señalando que en realidad lo principal para enfrentar el actual escenario es “democratizar la gestión del agua a través de una gestión comunitaria, en que el primer precedente sea la derogación de este Código y ahí empezar a pensar un nuevo cuerpo normativo del agua“, en el cual se considere en la gestión de las aguas a las comunidades y localidades que se vinculan con ella en pro de un nuevo modelo productivo.
Fuentes; La Prensa – El Centro – Cooperativa
