Senadores que rechazaron que agua sea bien de uso público en constitución poseen derechos de aguas.

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Un evidente conflicto de interés fue descubierto por usuarios de redes sociales entre senadores de derecha que rechazaron la reforma que buscaba consagrar el agua como bien de uso público en la constitución, ya que no se inhabilitaron en la votación a pesar de poseer derechos de agua a título personal, de cónyuges o a través de sociedades en las que tienen participación. Se trata de los UDI Juan Antonio Coloma (del Maule) y Alejandro García Huidobro, y los RN Juan Castro (del Maule) y Manuel José Ossandón.

Todo se dio a raíz del rechazo por falta de quórum de la reforma que buscaba elevar a rango constitucional que el agua debe ser considerado bien de uso público, (se rechazo por 24 votos a favor y 12 en contra, necesitándose 2/3 de los votos, es decir 29) ya que las alarmas fueron encendidas de inmediato cuando se supo que la derecha había sido quien puso fin al intento legislativo por abrir una posibilidad de que la administración del agua saliera de las manos de los privados que solo han profundizado la crisis hídrica que atraviesa el país.

En principio se ha denunciado a cuatro senadores de gobierno que votaron contra le reforma que debieron haberse inhabilitado de votar pues poseen a titulo personal o por intermedio de sus cónyuges o sociedades derechos de agua, entre ellos dos senadores del Maule, lo cual está consignado en sus declaraciones de patrimonio e intereses.

Respecto al senador Alejandro García-Huidobro (UDI), se registra en la declaración señalada, (actualizada a marzo de 2019) que posee cuatro derechos de aprovechamiento de aguas ubicados la región de O’Higgins. Y todos consuntivos, lo que significa que puede consumir en sus totalidad las aguas en cualquier actividad que desee.

Uno de ellos los obtuvo en 2005 sobre el canal El Alba, los otros tres en 2017 desde el mismo canal que obtiene el recurso del río Cachapoal.

El otro senador UDI, de la región del Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), registra dos derechos de agua que obtuvo en 2011 y 2013 por medio de la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, en la que participa su esposa María Cecila Álamos, y que cosigna el Servicio de Impuestos Internos (SII) que se dedica a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

Las agua que también son consuntivas, son subterraneas y son sobre la provincia de Petorca, comuna de Cabildo. El primer derecho señalado es sobre un caudal de 9,1 litros por segundo, es decir, que anualmente equivale a 286.978 metros cúbicos. El otro es por 1,91 litros por segundo, es decir, 60.234 metros cúbicos anuales.

Sobre el tema señaló “No tengo, en mi declaración patrimonial, absolutamente ningún derecho. Mi cónyuge dentro del patrimonio reservado, herencia de su padre, tiene una parte, junto a nueve hermanos en una parcela. No veo dónde puede estar esa vinculación y se escudo en la Ley Orgánica del Congreso señalando que “la norma establece que se distinga las cosas que tengan interés general, porque si no, yo ni nadie podría votar en un tema de impuestos, o de derechos educacionales, porque todos tenemos hijos que estudian. El legislador entiende aquello en el caso de que haya un provecho, de aquellos que busquen establecer derechos ciudadanos o reales, amplios y generales”.

El otro senador con conflicto de interés es el parlamentario maulino Juan Enrique Castro (RN), que en su declaración de patrimonio actualizada a abril de 2019, señaló poseer derechos de aguas, en sociedades en las que participa, que tienen origen en 1987 sobre el recurso en el cauce del Canal Panguilemo y el Canal Peralito en la región del Maule.

El senador del maule, que en declaraciones sobre su voto mintió al ocultar que si bien el código de aguas considera al agua como bien de uso público entrega a perpetuidad y gratuitamente a los privados el aprovechamiento de éstas y con ello su administración, señaló sobre su inhabilidad para votar que “La verdad siento que eso no me inhabilita. No soy dueño directo, tengo acciones en esa empresa agrícola y lo otro, que se está viendo, que es un proyecto de ley constitucional, necesita dos tercios y, por lo demás, para entender lo que se trata de decir es que el agua no es un bien nacional de uso público y nosotros sí decimos que lo es. Es un tema que ni siquiera va al fondo de lo que debiera discutirse”. Además agregó que “no puede dar para restarse de una votación que puede ser importante en su momento”.

El último Senador es Manuel José Ossandón (RN), que en su declaración de patrimonio actualizada a marzo de 2019 consignó un derecho de agua constituido en 1998 en el cauce del Río Maipo, en la región Metropolitana.

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