Luego de una larga jornada en donde se escuchó a la defensa de Sebastián Piñera y a los cinco integrantes de la comisión que analizó el libelo de la acusación constitucional, los diputados procedieron a votar y aprobar, con votos de la oposición, la “cuestión previa” determinando que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala y, por tanto, se la entiende como no presentada.
Pasadas seis horas de debate la “cuestión previa” se aprobó por 79 votos a favor, (incluidos lo de los diputados de oposición René Alinco (ind), Miguel Calisto (DC), Pepe Auth (ex PPD), Fernando Meza (PRSD), Manuel Matta (DC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Jorge Sabag (DC) y Matías Walker (DC)), y 73 en contra, con lo cual se estima que el libelo de la acusación constitucional no cumple con los requisitos constitucionales declarándose que se tiene por no presentada la acusación contra Sebastián Piñera.
Alguno de los argumentos de expositores del libelo;
El diputado Saavedra (PS) condenó enfáticamente los hechos de violencia y el vandalismo, al tiempo que reivindicó el legitimo derecho a la manifestación pacífica. Estimó que los incumplimientos que apuntó la defensa no solo no son efectivos y evaluó que existe una construcción artificiosa, tendiente a evitar el escrutinio de la Cámara respecto de los actos del Presidente de la República.
El parlamentario reiteró que lo que se está discutiendo es la responsabilidad política que le cabe al mandatario por las graves violaciones a los derechos humanos. “Es la cabeza del Gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de este (…) Se le imputan decisiones conducentes a acciones y omisiones que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible”, planteó.
Asimismo, remarcó que, “de acuerdo a los antecedentes allegados a la Comisión, no hay otra conclusión posible que afirmar que en Chile se produjeron violaciones graves y extendidas a los derechos humanos” y afirmó en ese plano que estas son “imputables al Presidente de la República”.
Por su parte Gastón Von Mühlenbrock (UDI) consideró esta acusación como “una oportunidad para desestabilizar este Gobierno” y recalcó que las eventuales vulneraciones a las leyes y protocolos policiales, así como violaciones a los DDHH ocurridos durante el estado de emergencia deben ser abordadas a través de la justicia.
El legislador dio cuenta de las veces en que el Presidente de la República solicitó a las fuerzas armadas y de orden que se respetaran los DDHH de quienes se manifestaban y sostuvo que faltan argumentos para sostener que el Presidente de la Republica comprometió el honor de la nación.
“La acusación deber ser rotundamente rechazada, porque no se ha demostrado que haya actos de su administración que hayan infringido las leyes y la Constitución, como tampoco han sido posible demostrar que se ha comprometido el honor de la nación”, sentenció.
En tanto Boris Barrera (PC) fue claro en acusar y responsabilizar al Presidente de permitir que las fuerzas armadas y Carabineros cometieran graves y sistemáticas violaciones a los DDHH en Chile, en su calidad de jefe del Estado.
Resaltó que en los discursos y acciones del Presidente solo se distinguió una respuesta represiva a la protesta social, así como una actitud permisiva a la violación generalizada de los DDHH. “¿Si no fuera él, quién responde entonces políticamente o solo se debe responder penalmente? No somos un tribunal, no es para definir una responsabilidad penal (…), no fue el Presidente quien disparó o atropelló, este es un juicio que define una responsabilidad política de abierta infracción a la norma constitucional”, puntualizó.
El legislador recordó diversas cifras de heridos, muertos y, en general, afectados por la represión policiaca, así como las dificultades que los organismos relacionados a la defensa de los DDHH tuvieron para realizar su labor de observancia y asistencia. Además, remarcó que acá no hubo omisiones, sino decisiones concretas, como fue la declaración del estado de emergencia. “Rechazo la insistencia de generalizar la culpa”, acotó.
