Las dudas que deja el proyecto de reforma constitucional de la comisión técnica.

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1978

Durante el 6 de diciembre la comisión técnica que se conformó para preparar la reforma al capítulo xv de la constitución para dar ejecución al “acuerdo por la paz y nueva constitución” firmado tanto por el oficialismo como la oposición, dio a conocer finalmente el contenido de dicho texto el cual además de dejar afuera temas como paridad en temas electorales, así como la forma de participación independiente y a pueblos originarios, por la negativa de la derecha a ceder en dichos puntos, presenta otros nudos que siembran dudas sobre su ejecución, como que de rechazarse una posible nueva constitución en plebiscito, seguiría vigente la actual.

El proyecto, que aún no se sabe si será presentado como moción o mensaje, y al que ademas ya Chile Vamos se cerró a hacer cualquier modificación, es criticado por poseer cierto problemas que hacen aún más ambigua su ejecución y además de consolidar la idea de “cocina constitucional”.

Revisa también; Gran Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución o Cocina Constitucional.

  • El primer alcance que se puede hacer a dicho documento es que sigue sin incorporar a la constitución de 1980 un mecanismo de cambio constitucional total, es decir, que permita derogar la actual y remplazarla por una nueva. al contrario solo se limita a señalar que solo se realizará el procedimiento que se fijó en el acuerdo del 15 de noviembre (15N). Así solo se señala que debe realizarse el plebiscito el día 26 de abril de 2020 para cambiar o no la constitución y escoger el tipo de convención que lo haría, para luego escoger a los integrantes de ésta en octubre del mismo año. Esto significa que si el eventual texto constitucional que nazca de la convención si es rechazado en el plebiscito de ratificación cierra el proceso y no se puede volver a convocar plebiscito posterior para iniciar otro proceso constitucional. Lo que debería haberse establecido es un mecanismo sin fechas establecidas que permitiera llevar a cabo en cualquier caso un proceso de derogación y cambio total constitucional.
  • Se explica que se entregarán dos cédulas electorales, en el plebiscito de abril, una que consultará si “¿Quiere nueva Constitución?” y otra con la pregunta “¿Qué tipo de órgano deberá cambiar la nueva Constitución?”, lo que permite que alguien que vota “NO” a una nueva constitución pueda escoger que órgano deberá redactar la nueva constitución, lo que se evitaría, si solo se entregara un “voto” con ambas preguntas, anular la opción a la segunda pregunta si escogió “NO” a una nueva constitución.
  • También se dan particulares diferencias entre los dos organismos que señala el plebiscito que se deberá escoger para redactar la nueva constitución, la convención constitucional mixta (CCM) y la convención constitucional (CC): en primer término respecto al número de integrantes ya que la CCM sería integrada por 172 integrantes, 86 parlamentarios en ejercicio y 86 electos, mientras la CC solo será integrada por 155 miembros. En segundo lugar sobre el sistema electoral vigente para la elección de los integrantes de ambas convenciones y el tiempo para poder incorporar temas como paridad de género, pueblos originarios e independientes, se plantean respecto a la CCM que el sistema electoral será el vigente al 25 de diciembre de 2020 (debería decir 2019 o no tendría sentido pues ya para esa fecha la elección ) dejando poco tiempo para modificaciones, mientras en la CC el plazo sería hasta el 25 de junio de 2020. En tercer lugar se plantea problema sobre integrantes parlamentarios de la CCM ya que el congreso debería funcionar con 86 miembros menos o bien harían fracasar el trabajo de la CCM ya que dice que no quedan ni suspendidos ni cesan en su cargo por ser parte de la CCM pudiendo invocar su deber parlamentario para dicho fin, además nada se dice de sus remuneraciones. Por otro lado sí se suspende a dirigentes sociales de sus cargos desde la inscripción de sus candidaturas (art. 132).
  • Otro tema polémico que no fue zanjado tampoco por la comisión técnica es si además de votarse artículo por artículo el texto constitucional nuevo, las CCM o CC deberán además aprobar por el quorum de 2/3 el texto de forma íntegra antes de someterlo a plebiscito ratificatorio ya que el texto en el artículo 133 inciso 4° se señala ambiguamente que “La Convención deberá aprobar las normas de la propuesta de texto de Nueva Constitución por dos tercios de sus miembros en ejercicio”. De no resolverse según el art. 136 sería la Corte Suprema, por cinco de sus miembros al azar, la que tendría la última palabra.
  • También existe poca certeza a un asunto ya mencionado, y se refiere a como se van a dirimir problemas a propósito de controversias, esto ya que si bien se señala en el art. 136 que es la Corte Suprema por medio de 5 miembros escogidos al azar los que definirán reclamos que se presenten, éstos reclamos solo podrán versar acerca de problemas de procedimiento, más nunca sobre el contenido de los textos en elaboración, dejando fuera los asuntos señalados en el art. 135 cuando se vean vulnerados, en el que se encuentran comprendidos tratados internacionales, por ejemplo sobre Derechos Humanos. Es decir no hay mecanismo para resolver controversias a propósito del art. 135 dejando a la disposición sin medio para resolverse. Además el mismo art. 135 no explica qué tipo de tratados son los que no pueden ser tocados por la convención, ¿de Derechos Humanos y otros como los de Libre Comercio, o solo los primeros?. Cuestión no menor si se considera que los Tratados sobre Derechos Humanos poseen rango supralegal, pero no así los de Libre Comercio, de rango legal, lo que harían pensar que no existe razón para que no puedan ser afectados por la nueva constitución.
  • Además cabe hacer presente que no es democrático que se impongan una serie de limitaciones a un órgano que dicen tiene el carácter de “constituyente”, ya que si bien puede ser razonable lo que señala el art. 135, debió ser la convención la que debió establecer esto o plebiscitadas, más aún es discutible que las decisiones sobre su funcionamiento de la comisión esté subordinado al quorum de 2/3 (art. 133).
  • Uno de los temas que concentra opiniones divididas es en cuanto a mantener el voto voluntario o volver al obligatorio que no quedó resuelto. Argumentando quienes están a favor del último, cálculos electorales así como interés de legitimar de forma obligada un acuerdo que no fue bienvenido por las organizaciones sociales ni quienes protestaban por haber sido acordado de espalda a ellos y negando la posibilidad de una asamblea constituyente popular, es decir, sin voto voluntario se quita la libertad de escoger no ser parte de un proceso que, como muestra esta propuesta de reforma, sigue sin permitir la participación de la gente y asegura más el control de los partidos representados en el congreso de la convención que redacte el nuevo texto constitucional.
  • Otros temas electorales que quedaron fuera de lo acordado por la mesa técnica es el voto en el extranjero, participación de personas privadas de libertad, así como migrantes. Más problemas causan el no acuerdo sobre cuotas de género, participación de independientes y escaños reservados para pueblos originarios que requieren cierto quorum pero a los cuales Chile Vamos ya anunció que cerró la discusión.
  • El art. 142 plantea otro tema conflictivo y se refiere al plebiscito de salida, que señala claramente el efecto de dicho acto si es que se rechaza el texto propuesto, que no es otro que el de asegurar que la constitución de 1980 continuará vigente, lo cual va en contra de lo que se decida en abril, ya que si gana la opción “SI” a una nueva constitución no se entiende porqué por el rechazo del texto propuesto se de por terminado el mandato de crear una nueva constitución que por mandato del plebiscito de abril sería irreversible. En palabras simples, el proyecto de ley establece que o se cambia en estos plazos la constitución o no se cambia.
  • Por último el art. 138 inc 2° protege a las autoridades electas conforme a la constitución de 1980, las cuales solo podrían finalizar anticipadamente sus periodos si las instituciones a que pertenecen son suprimidas o sufren cambios sustanciales.
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